CASTELLÓN (EP). La Comisión para la Transición Ecológica del Senado ha aprobado una moción, con los votos favorables de todos los grupos menos el PSOE, que se ha abstenido, para pedir al Gobierno que asuma el coste de la construcción y puesta en funcionamiento de las desaladoras de Cabanes-Orpesa y de Moncofa.
La propuesta, presentada por el grupo de Esquerra Republicana, plantea al Gobierno que asuma el coste total de la construcción de ambas desaladoras a través del presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica. Además, la moción insta a Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) a modificar los actuales convenios reguladores para financiar y explotar las desaladoras de Cabanes-Orpesa y Moncofa para adaptarlos a la situación actual de desarrollo de cada uno de sus municipios. La moción va encaminada con la declaración institucional de la Diputación de Castellón en la que pedía al Ministerio para la Transición Ecológica que asuma estos costes.
Las obras de las desaladoras fueron adjudicadas en 2006 a Castellón por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mediante unos convenios con los municipios firmados dentro de la "hipotética previsión de un escenario de desarrollo y crecimiento urbanístico futuro" para estos municipios que, finalmente no se ha materializado, señala la moción.
De no ponerse en marcha e iniciar la amortización de las instalaciones antes de que acabe marzo, la Comisión Europea requerirá la devolución de 36,1 millones de euros aportados como subvención mediante los fondos Feder para la construcción de las dos plantas castellonenses. Según recuerda el senador de ERC, Miguel Aubá, fruto de aquellos convenios los municipios se comprometieron a asumir el coste de la infraestructura, lo que supone unos 66,7 millones de euros para Cabanes y Orpesa y 50,8 para los Moncofa y Xilxes, solo en cuanto a los costes de amortización de las obras, que deben ser abonados en los próximos 25 años.
El senador defiende que estos consistorios están en posiciones de "desequilibrio" en los convenios que solo son para los Ayuntamientos "sin que Acuamed asuma ninguna obligación". Por su parte, la senadora del PP Asunción Sánchez, ha calificado estas desaladoras de "regalos envenenados" a Castellón, junto con el almacén de gas Castor, del entonces Gobierno socialista, de manos de quien entonces era ministra de Medio Ambiente y hoy presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
El PSOE ha presentado una moción de sustitución en la que solicita, en vez de instar al Gobierno a asumir la amortización de las obras y la puesta en funcionamiento de las plantas, "a aplazar la repercusión de los costes de amortización" de las plantas "para su inmediata puesta en funcionamiento". Asimismo, solicitaba "buscar nuevos usuarios de agua desalada que permitan un mayor reparto de la inversión a amortizar", pero esta moción ha sido rechazada.
