CASTELLÓ. A menos de dos semanas para que se reanude el sistema de fiscalización de las videocámaras en el centro (2 de noviembre), el Ayuntamiento de Castelló elude dar fechas sobre la puesta en marcha tanto de la campaña informativa como de la página web. A pesar de tratarse de dos herramientas esenciales para garantizar el éxito de la polémica iniciativa, el portavoz del gobierno municipal, el socialista José Luis López, asegura sobre los plazos que "estamos trabajando para que salgan cuanto antes".
Desde principios de octubre, solo aquellos conductores no autorizados que acceden al casco antiguo reciben una notificación con información detallada sobre la inminente reactivación de las multas. "A la vez que se les informa, se les dice el trámite que deben seguir" con vistas a "regularizar la entrada al centro", explica López, quien garantiza una "tasa reducida de menos de 100 euros" para los infractores en el momento que comiencen a imponerse las sanciones.
Cuando el sistema de lectura de matrículas se desactivó en abril, el equipo de gobierno se marcó como prioridad diseñar una potente estrategia comunicativa. No solo para facilitar instrumentos a los posibles usuarios (residentes, comerciantes o transportistas) sobre el funcionamiento de las videocámaras. También para arbitrar una plataforma capaz de resolver cualquier tipo de duda. Por ejemplo, cómo solicitar una tarjeta o elevar una queja.
Esa logística, como en su día explicó el concejal de Movilidad, Jorge Ribes, pivota sobre dos ejes fundamentales: la campaña informativa y la plataforma web. Ambas debían entrar en servicio después de agosto, teniendo en cuenta que la previsión inicial para volver a conectar las filmadoras era el 1 de octubre. Sin embargo, al final esa fecha se desplazó al 2 de noviembre ante la imposibilidad de recoger en una ordenanza municipal las multas. En este sentido, al utilizar una normativa superior, como la Dirección General de Tráfico (DGT), las cuantías fijadas (200 euros) resultaban "desorbitadas", como confesó el propio López en rueda de prensa.
Esa cantidad se reducirá ostensiblemente una vez las videocámaras vuelvan a sancionar. Aunque todavía no se ha determinado el marco legal, el portavoz del gobierno afirma que se está cerca de encontrar "una solución técnica". La fórmula elegida tendrá un carácter provisional, a la espera de trabajar en profundidad la modificación de alguna de las reglamentaciones de ámbito local. De hecho, con ese parche, no habrá que plantear una nueva prórroga.
Según denunció recientemente el principal partido de la oposición en el Ayuntamiento, el PP, hasta que se firmó el decreto de suspensión el 15 de abril, se impusieron alrededor de 16.000 sanciones, lo que se tradujo en una recaudación de 3,2 millones de euros. Algunos residentes llegaron a acumular recargos por valor de más de 4.000 euros en apenas 20 días. Esas cifras nunca han sido confirmadas por el equipo de gobierno.