CASTELLÓ. El cuarto debate de la legislatura sobre la recuperación del topónimo Castelló de la Plana/Castellón de la Plana enturbió este martes el pleno del Ayuntamiento que, en teoría, solo debía focalizarse en el consenso político sobre la Dana, con una declaración institucional y la aprobación de una ayuda de 700.000 euros. La necesidad de ratificar dentro del plazo legal (finaliza el 8 de noviembre) la alegación para solicitar a la dirección general de la Administración Local que remita al Consell el expediente de reversión, según defendió la alcaldesa, Begoña Carrasco, obligó a mantener el punto en el orden del día.
El PP y Vox, como equipo de gobierno, y el PSPV y Compromís (oposición) volvieron a escenificar sus insalvables posturas en este asunto. Tanto es así que el portavoz de la formación valencianista, Ignasi Garcia, auguró que la doble denominación de la ciudad se dirimirá en los juzgados. "Sus mentiras acabarán en los tribunales", señaló en su intervención.
El bipartito avaló con su mayoría (15 concejales de 27) seguir adelante con el proceso. El bloque de izquierdas votó en contra y aprovechó el turno de palabra para criticar al ejecutivo local, que rechazó una enmienda de Compromís para corregir algunos párrafos del dictamen. Esas matizaciones buscaban destacar que en la parte expositiva del acuerdo "se esconde el criterio de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que dice que el nombre es Castelló de la Plana".
Por orden de menor a mayor representación institucional, Garcia intervino en primer lugar. "El cambio no responde a ningún razonamiento lingüístico, histórico, académico o científico, sólo al interés partidista de la señora Carrasco de utilizar el desprecio al valenciano como una forma de conseguir votos", aseguró. "El PP sabe de la importancia por nuestra lengua, nuestra memoria e identidad como pueblo que el nombre de la ciudad sea Castelló de la Plana en su forma exclusiva valenciana. Por eso, lo quiere desplazar para dejarlo de usar y hacerlo desaparecer. Que el valenciano sea solo un diccionario en la estantería junto al de latín", agregó.
El líder de Vox, Antonio Ortolá, se congratuló de "dar dar un paso importante en defensa de nuestra lengua e identidad" con el acuerdo del gobierno municipal. "El respeto ha de venir acompañado de la libertad para que cada uno se pueda expresar en la lengua que siente como propia y que el castellano y el valenciano sean fondo de riqueza y convivencia", prosiguió. "Por respeto al pasado y al futuro, es fundamental que toda decisión lingüística se tome desde el consenso, respeto y libertad. Defendemos que ambas lenguas puedan coexistir, sean una fuente de riqueza compartida, pues la convivencia entre diferentes lenguas es posible y enriquecedora. Desde Vox defendemos la libertad en todos los espacios de la vida pública", subrayó.
Ante este discurso, el concejal socialista José Segura recuperó algunos artículos de la legislación autonómica para advertir que el equipo de gobierno "siempre ha priorizado sus intereses estrictamente políticos sobre los científicos, históricos y culturales. on la excusa de que se permita decir igualmente Castelló que Castellón, circunstancia que siempre se ha podido hacer, lo único que hacen es eliminar la forma tradicional de la ciudad", aseveró. En este punto, destacó que el informe de la AVL "es demoledor, porque deja escrito que la denominación correcta y adecuada, desde el punto de vista histórico y lingüístico, es la forma tradicional y única: Castelló de la Plana. Solo plantea que, si el Ayuntamiento, decide aprobar la doble forma, en contra del criterio de la Academia Valenciana de la Lengua, la solución bilingüe sería Castelló de la Plana/Castellón de la Plana".
Por su parte, la edil de Cultura, la popular María España, recordó que no se elimina nada del nombre de la ciudad, "al contrario de lo que pasó cuando se perdió la forma en castellano". "Respetamos profundamente la opinión de la AVL, pero esta nos apunta que, en caso de elegir el bilingüismo, la forma adecuada sería la que utilizamos desde el primer minuto". "No es lo mismo estar en contra que tener un criterio diferente", agregó, quien señaló que las competencias de la AVL no son "decidir el nombre de un municipio".
Aunque el punto del topónimo resultó el más controvertido de la sesión, también se adoptó otro acuerdo importante, al margen de la declaración y la ayuda a los afectados de la Dana. Los cuatro grupos municipales votaron a favor de modificar el Plan General para blindar las zonas residenciales ante las estaciones de servicio después de la polémica con la gasolinera de Rafalafena. En concreto, se respaldó la decisión de modificar el Plan de Ordenación Pormenorizada (POP), la herramienta que entra al detalle sobre las actividades de los distintos suelos (urbano, terciario y dotacional), con vistas a evitar confusiones sobre las compatibilidades de uso.
La apertura del expediente supone cumplir los plazos marcados y garantiza que el cambio del planeamiento urbano se realizará en tiempo y forma, sin necesidad de solicitar otra moratoria a la Conselleria de Infraestructuras. Según el acuerdo municipal de diciembre de 2023, dentro del primer año de la cancelación de permisos el consistorio está obligado a iniciar el procedimiento de modificación del POP. De ahí que ahora el ejecutivo local impele el trámite.