CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló da otro paso más para blindar las zonas residenciales ante las gasolineras. Diez meses después de aprobar la suspensión de licencias tras la polémica suscitada por la estación de servicio en el barrio de Rafalafena, ahora el equipo de gobierno (PP y Vox) comienza el trámite administrativo para rectificar el Plan de Ordenación Pormenorizada (POP), la herramienta del Plan General (PG) que entra al detalle sobre las actividades compatibles en los distintos suelos (urbano, terciario y dotacional).
La apertura del expediente supone cumplir los plazos marcados y garantiza que el cambio del planeamiento urbano se realizará en tiempo y forma, sin necesidad de solicitar otra moratoria a la Conselleria de Infraestructuras. Según el acuerdo municipal de diciembre de 2023, dentro del primer año de la cancelación de permisos el consistorio está obligado a iniciar el procedimiento de modificación del POP. De ahí que a poco más de dos meses para llegar al vencimiento de esa fecha, el ejecutivo local impele ahora el trámite, que además deberá ser aprobado por la corporación en el pleno de octubre.
La corrección del POP se ciñe exclusivamente a la documentación normativa. En concreto, al artículo 2.6 de las ordenanzas relativo al uso comercial en el que se engloba las unidades de combustible y otras instalaciones similares. También se retocan las fichas de subzona para evitar confusiones de interpretación.
Con el OK al expediente, lo que se hace es activar el análisis de evaluación ambiental y territorial al objeto de que la Junta de Gobierno Local formule el correspondiente informe y así elevarlo a la próxima sesión plenaria. Ese acuerdo será remitido posteriormente a la comisión territorial de Urbanismo por la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) para que la Conselleria esté al tanto de los pasos dados por el Ayuntamiento.
Debido al lío generado por la gasolinera que la empresa Plenoil pretendía construir en un solar de la calle Villavieja, esquina con Pintor Carbó, el bipartito aprobó a mediados de diciembre del año pasado el proyecto de suspensión de licencias de instalación de puntos o unidades de suministro de combustible en núcleos residenciales consolidados. Todos los grupos políticos avalaron el documento, en el que se incluyó una amplia demarcación de protección dentro del término municipal.
Solo se excluyeron del ámbito delimitado los polígonos industriales del extrarradio y determinados barrios, especialmente aquellos ubicados en puntos de montaña. El blindaje abarcó todo el centro y su área de influencia, el Grau, la zona calificada de uso universitario y los grupos San Agustín y San Marcos, Tombatossals y San Lorenzo. También englobó las rondas de circunvalación (norte, sur, este y oeste), así como el cauce del Riu Sec o la carretera Ribesalbes.
La prohibición de dos años para conceder nuevas autorizaciones de estaciones de servicio quedó supeditada a que dentro de los primeros 12 meses el Ayuntamiento iniciara el expediente de modificación del Plan de Ordenación Pormenorizada. Un procedimiento que ahora el equipo de gobierno impulsa para culminarlo antes de finalizar 2024.
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.