CASTELLÓ. La legislatura que acaba de empezar augura un pulso político entre el equipo de gobierno y la oposición de lo más entretenido. En realidad, así se puso de manifiesto antes de las vacaciones de agosto a propósito de la aprobación del nuevo régimen de retribuciones de los concejales. Ahora, sin haberse celebrado todavía el primer pleno y con apenas cinco días del nuevo curso político, las hostilidades vuelven a aflorar entre ambos bandos.
En esta ocasión, el desencuentro tiene que ver con el Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (CISME). Según exponen el Partido Popular y Ciudadanos, la sala "no funciona en los términos que desde el equipo de gobierno se promocionó", cuando en octubre de 2016 el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el anuncio de licitación del contrato de suministro relativo al equipo del local por un importe de 743.000 euros (más 156.030 euros en concepto del IVA).
Los dos principales partidos de la oposición aseguran, además, que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales emitió resolución desestimatoria para la adjudicación de contratos relacionados con el CISME al detectar "errores graves en el proceso de valoración de las ofertas". En resumen, como exponen la derecha y centroderecha, "el resultado es que el Ayuntamiento de Castelló lleva invertidos más de 1,6 millones de euros en un centro que, sin embargo, no funciona".
La denuncia, ampliamente argumentada, sirve de base para presentar por registro una solicitud de comisión de investigación, un órdago del que el tripartito no rehúye. Al contrario. Tras la Junta de Gobierno Local de este jueves, su portavoz, Rafa Simó, adelantó que "esta misma mañana hemos hablado de ello en el gobierno y ya se ha encargado un informe técnico a la secretaria para conocer qué pasos habría que seguir y cuáles son los plazos".
"No tenemos nada que ocultar y estamos a favor de esa comisión. No nos negamos. Incluso, queremos acelerarla", prosigue Simó, quien desconoce si para su constitución será preciso una aprobación previa en pleno.
Al respecto, el portavoz del gobierno advierte que "se trata de una tramitación interna", al mismo tiempo que insiste en que, como consecuencia, "necesitamos el informe de la secretaria, que será el que determinará cómo actuar".
En el anterior mandato, la corporación ya impulsó una comisión de investigación. A instancias de Castelló en Movimient y secundado por el bipartito (PSPV-PSOE y Compromís), se fiscalizaron las fiestas del periodo 2008-2015. Al final, no hubo consenso entre el equipo de gobierno y la oposición sobre las medidas a adoptar pese a concretarse las conclusiones en un documento.
