CASTELLÓ. El Acord de Fadrell justifica el salto temporal de cuatro años en las mediciones acústicas de las tascas de Castelló a "un tema única y exclusivamente técnico". En estos términos se expresa el portavoz del equipo de gobierno, Rafa Simó, acerca de las prescripciones técnicas para licitar las nuevas evaluaciones, con la instalación de cinco estaciones, en las que se advierte que la empresa adjudicaria del contrato "deberá incluir una comparativa con los resultados de monitorización continua que ya se realizaron en el periodo 2013-2015".
Al parecer, ese espacio de tiempo es el que más se asemeja al lapso de un año que se empleará en 2020 (de enero a diciembre) para obtener datos sobre los niveles de ruido en la plaza Santa Clara y calles Mayor, Barracas, Isaac Peral y Vera.
Los registros que poseen los técnicos municipales desde que se declaró las tascas como Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en 2010 corresponden a ciclos temporales discontinuos, salvo ese periodo seguido de noviembre de 2013 a abril de 2015. De ahí que, según fuentes municipales, se haya optado por ese intervalo y no por otro. 2017, sin ir más lejos. Aquel año, la monitorización se realizó entre los meses de marzo y mayo, tal cual figura en la propuesta de actualización del régimen de medidas firmada por el jefe de Negociado el 8 de enero de 2018.
"Sí hubo mediciones en 2017 y se hicieron de manera correcta. Prueba de ello es que en base a esos resultados se actualizaron las medidas correctoras, que se aprobaron posteriormente en este pleno", explica Simó.
El portavoz del equipo de gobierno reitera la voluntad del tripartito de buscar una solución para "hacer compatible el ocio y el descanso". Por ello, considera imperativo mantener un diálogo fluido con los empresarios de las tascas, que siguen sin tener noticias respecto a su petición para que el Ayuntamiento de Castelló les facilite las evaluaciones en continuo desde 2014 hasta la actualidad, así como los acuerdos y fechas de publicación de las actualizaciones de la ZAS de mayo de 2016 a febrero de 2018.
Los hosteleros presentaron por registro su solicitud el pasado 30 de septiembre. De acuerdo con la normativa funcionarial, el plazo para responder a una demanda de tales características alcanza los tres meses. Los propietarios de las tascas ya han avisado que, si el 30 de diciembre no disponen de las mediciones, acudirán a la Fiscalía.