Compromís sitúa a un subsecretario de Vicent Marzà frente al órgano que fiscaliza las cuentas de la Generalitat; Margarita Soler seguiría de presidenta del Consell Jurídic Consultiu a propuesta del PSPV y Unides Podem postula a Héctor Clark para el Consell de Transparencia
VALÈNCIA. El PSPV, Compromís y Unides Podem se encuentran cerca de cerrar un acuerdo para la renovación de los órganos estatutarios de la Comunitat Valenciana. Tras meses de bloqueo, los grupos del Botànic parece que por fin han llegado a un entendimiento con perfiles incluidos, según confirman fuentes de todos ellos. El siguiente paso será recabar los apoyos necesarios para sacar los nombramientos adelante en Les Corts.
La Sindicatura de Comptes, el Consell Jurídic Consultiu, el Consell de Transparencia, el Consell Valencià de Cultura y el Consell d'Universitats funcionan en este momento de manera interina. A ellos se añade el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CMVC).
Las negociaciones han avanzado considerablemente durante los últimos días después de retomarse las conversaciones, tal como informó Valencia Plaza. Y el reparto entre los partidos queda como sigue: el PSPV propone la presidencia del Consell Jurídic Consultiu (CJC); Compromís el Síndic Major de Comptes; y Unides Podem la presidencia del Consell de Transparencia.
Para el CJC –el órgano al que la administración autonómica se dirige para que compruebe el cumplimiento de las leyes en cualquier iniciativa (como leyes o decretos) que parta de ella–, los socialistas quieren mantener a Margarita Soler. En 2017 se convirtió en la primera mujer en ostentar la presidencia.
El resto de miembros se acabarán de cerrar los próximos días, aunque otro de los que parece claro es el de Antonio Montiel a iniciativa de Unides Podem, como informó este periódico. Actualmente profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universitat de València y en su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Albal, fue candidato de la formación morada a la Generalitat en 2015 y portavoz en la pasada legislatura en Les Corts.
Por su parte, Compromís propondrá, según diversas fuentes, a Fernanda Lapresta, abogada y miembro de ejecutiva de la coalición en València ciudad. De hecho, figuró en la lista al Ayuntamiento en las pasadas elecciones.
La Sindicatura de Comptes, encargada de fiscalizar y controlar todas las cuentas públicas de la Generalitat, es la gran novedad. Para sustituir a Vicent Cucarella, Compromís, según fuentes parlamentarias, ha planteado el nombre de Josep Vidal, quien fuera subsecretario de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte entre 2015 y 2017, con Vicent Marzà de conseller.
Vidal es licenciado en Derecho y diplomado en Estudios Avanzados por la Universitat de València. Es igualmente funcionario del Cuerpo Superior Técnico de la Administración General de la Generalitat, del Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado y del Cuerpo de la Administración Civil del Estado. Fue concejal por el Bloc –ahora partido mayoritario dentro de Compromís– en l'Olleria durante los dos primeros años de la legislatura 1999-2003. Municipio del que es natural la secretaria general de Més Compromís, Àgueda Micó.
Tras su paso por la Conselleria de Educación –donde, oficialmente, cesó a petición propia–, se reubicó en la Diputación de Valencia como jefe del servicio de Cultura, un área que dirige el diputado provincial Xavier Rius (de Compromís).
Para dirigir el Consell de Transparencia, Unides Podem apuesta, de acuerdo con fuentes parlamentarias, por Héctor Clark como relevo de Ricardo García Macho. Licenciado en Derecho con máster en Abogacía y letrado en ejercicio, proviene de Esquerra Unida (llegó a figurar en la lista de la actual titular de la Conselleria de Transparencia, Rosa Pérez, para el Consell Polític Nacional en 2011).
Clark es profesor asociado en el departamento de Derecho al Trabajo de la Universitat de València y miembro de los servicios jurídicos de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de València y de la Plataforma València Sense Mordassa. Además, presta asesoramiento en materia de extranjería en varias ONG.
El reparto de cargos entre el tripartito llega a las puertas de las elecciones del 28 de mayo después de que las negociaciones quedaran bloqueadas en noviembre y supone acordar unos nombramientos que se mantendrían en el puesto durante la próxima legislatura ante la incertidumbre de quién gobernará.
Con el PSPV, Compromís y Unides Podem cerca de cerrar el pacto, falta lograr los apoyos necesarios. La elección de perfiles para la mayoría de estas instituciones puede salir adelante con 60 diputados. Es decir, el Botànic (52) más 8. Y aquí es donde entra en juego la oposición.
La estrategia de los partidos de la izquierda pasa por dar un ultimátum al PP: o entran en las negociaciones o sacan los nombramientos adelante con Ciudadanos (que cuenta con 13 diputados). La norma que suele imperar en este tipo de designaciones es que se realicen por orden de representatividad en Les Corts. Motivo por el que, normalmente, los socialistas siempre han metido a los populares en la ecuación y los han considerado los interlocutores prioritarios de la oposición.
Pero las prisas por sacarlo ahora todo adelante antes de la disolución del Parlamento autonómico en menos de un mes ha llevado a que el Botànic haya lanzado este órdago. Las conversaciones con el PP parece que se han retomado en las últimas horas, aunque aún está por ver en qué términos. "El punto está en que quieran entrar o no. Ahora mismo tienen que decidirlo. Nosotros queremos negociar y conseguir un acuerdo entre los grupos lo más amplio posible", destacan desde el Botànic.
En el pacto, los populares tendrían un representante en la Sindicatura de Comptes, otro en el Consell Jurídic –el órgano más conflictivo porque además querían acodar un segundo nombre de consenso entre los partidos– y otro en el Consell de Transparencia.
En el caso de que no quisieran entrar, el tripartito tiene clara la amenaza: lo pueden renovar todo sin los votos del PP porque sería suficiente con los de Ciudadanos, con los cuales han estado hablando las últimas jornadas.
Los populares, consultados por este asunto, hacen hincapié en que "siempre se ha mantenido un escrupuloso respeto institucional en la renovación de órganos estatutarios entre PP y PSPV". "No esperamos menos en este momento del PSPV, por lo que no barajamos otro escenario que no sea el acuerdo", señalan.
Mientras todo esto se cierra, lo que sí que parece que obtendrá luz verde este miércoles son los cargos directivos de À Punt, que al igual que ocurría con los entes estatutarios corrían peligro esta legislatura debido a que todo se quería asentar dentro de un pack completo.
Si todo va según lo previsto, de la comisión de la radiotelevisió saldrá la elección del presidente (Miquel Francés salvo sorpresa), del director general (Alfred Costa) y de los nuevos miembros del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) a propuesta del Consell de l'Audiovisual (Lola Bañón y Javier Marzal) y de los partidos a los que les tocaba el recambio. Unides Podem quiere mantener a María Lozano, mientras que Ciudadanos propondrá finalmente a Luis Gil-Orozco, actual jefe de Gabinete de Mamen Peris.