Registros de la Guardia Civil en la sede de Acuamed. Eduardo Parra / Europa PressVALÈNCIA. El caso Azud se quedará en el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia al completo. Así lo han acordado finalmente su titular y el juez Manuel García Castellón, quien encabeza el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, donde se lleva el conocido como caso Acuamed.
Tal como informó Valencia Plaza, el magistrado se reunió durante la mañana del miércoles, junto a la fiscal de Acuamed, con la encargada de Instrucción 13, Pepa Tarodo, y con el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce. Estos dos últimos son los coordinadores del caso Azud.
El encuentro desató las especulaciones sobre la posibilidad de que García Castellón quisiera llevar la macrocausa valenciana –o al menos una parte de ella– a la Audiencia Nacional debido al vínculo existente con la empresa estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed). Se trata de una opción que los juzgados pueden ejercer por cuestión de competencia y consiste en solicitar a otro la asunción de un procedimiento que tenga relación con lo que ya se está investigando.
Así, el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional parecía tener la intención de pedir a Instrucción 13 de Valencia pasar a llevar una parte de la causa. Y este último podía aceptar o no. Lo lógico en este tipo de trámites es, en todo caso, analizar bien la situación previamente y ver el grado de viabilidad. Por lo que una conversación en torno a todo este asunto parece razonable que se hubiera mantenido el pasado miércoles.
La cuestión en este escenario, sin embargo, no resultaba sencilla de resolver, puesto que toda la investigación relativa a Acuamed que se lleva en Azud se encuentra absolutamente hilvanada con otras (numerosas) operativas dirigidas a un mismo fin, de acuerdo con los investigadores. Es por ello que, finalmente y según ha podido saber este periódico, la macrocausa de Azud se quedará en Valencia al completo al no haber elementos suficientes para unir ambos procedimientos en Madrid.
Desde 2016, en el juzgado de García Castellón se investiga la presunta adjudicación fraudulenta por parte de la empresa pública estatal de obras a una decena de compañías y la falsificación de certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de los contratos del organismo público. Todo ello entre los años 2007 y 2014. Así, el caso se centra en los presuntos delitos de malversación, fraude, cohecho, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y maquinación para alterar el precio de los concursos públicos.
En Azud, la empresa pública estatal ha aparecido de manera reiterada en la última pieza separada del caso, cuyo sumario se conoció recientemente y la cual se encuentra dedicada a la posible financiación en B de de gastos de campaña del PSPV para las tres elecciones de 2007 y 2008. Pero las indagaciones ya venían de bastante tiempo atrás y no se circunscriben sólo a esta parte de la investigación sino que figuran en la principal (donde la aparición de Acuamed realmente es tangencial).
Ya en un auto de 2021, la titular del juzgado de Instrucción número 13 de Valencia mencionaba una operativa relacionada con la empresa estatal en Xixona, que es la que posteriormente se apunta como una de las que acabarían financiando de forma irregular campañas de los socialistas pero también del PP en la localidad alicantina.
Se trata, sin embargo, de una de las muchas que habrían servido a estos fines y que todavía se investigan. Razón por la que parecía complicado desligar esta parte de la investigación de todo el resto para que fuera asumida por otro juzgado.
