El Consell limita al año 2023 la auditoría forense al sector público

VALÈNCIA. El Consell realizará la auditoría forense al sector público de la Generalitat con una limitación temporal del año 2023, aunque tendrá en cuenta "los hechos anteriores y posteriores que resulten relevantes a efectos del control". 

Así lo determina la Conselleria de Hacienda en una respuesta parlamentaria a Compromís, en la que consta el encargo del análisis el pasado 20 de marzo y especifica que la finalidad es "dotarse de las medidas adecuadas para la prevención, detección, corrección y persecución del fraude, la corrupción y los conflictos de interés; permitiendo ejercitar las acciones legales procedentes para recuperar los fondos que hayan podido ser objeto de apropiación indebida, en su caso". 

La limitación a 2023 resulta llamativa, puesto que se trata del año electoral. El anterior Gobierno del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) estuvieron al frente del Ejecutivo la mitad de este ejercicio, puesto que el nuevo Consell del PP y Vox se conformó en julio. Así que se analizarán tanto los últimos meses de la izquierda como los primeros de la derecha. 

En cuanto a la ejecución, la auditoría se llevará a cabo por empresas privadas "a través de un sistema dinámico de adquisición electrónico y abierto". "Deberán ajustarse a la invitación específica y su pliego de prescripciones técnicas", determina Hacienda. Este sistema supone que las empresas optan previa invitación al contrato y pueden participar y adherirse durante todo el tiempo que dure, de manera que no se presentan únicamente durante el proceso de licitación y con unas condiciones cerradas.

A lo que añaden que la Intervención General supervisará el cumplimiento de los plazos y fechas previstas para la realización de los distintos hitos intermedios y para la emisión de los informes establecidos en los contratos específicos. Asimismo, propondrá al responsable del contrato en cada caso. 

Auditoría operativa

Lo mismo ocurre respecto a la auditoría operativa, que también se ceñirá a 2023. Su finalidad será "proporcionar una valoración independiente de la racionalidad económico financiera del sector público instrumental y su adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones oportunas en orden a la corrección de aquellas. Asimismo, este análisis pretende detectar la existencia de duplicidad de tareas, ociosidad o sobredimensionamiento en recursos materiales, financieros o de personal, así como de generación de costes externos de cualquier tipo". 

En esta auditoría se analizarán todos los organismos autónomos, empresas públicas, sociedades mercantiles y consorcios dependientes de la Generalitat. 

Desde la oposición critican la decisión. El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, valora que el anuncio de Mazón "a bombo y platillo de una auditoría a la gestión del Botànic del sector público fue un acto de propaganda que solo buscaba tapar las vergüenzas del PP por los casos de corrupción que aún hoy arrastramos y que están siendo juzgados estas semanas". "Han tardado dos meses en encargar esa auditoría y han pasado de analizar ocho años a centrarse en solo en 2023, cuando el Botànic gobernó unos pocos meses. Además, dejan claro que la auditoría no la realizarán los técnicos de la Generalitat sino empresas privadas elegidas a dedo. Es decir, quieren investigar la eficiencia en la gestión y lo hacen pagando a empresas privadas por realizar informes que ya realizan la Sindicatura de Comptes o la Intervención", afirma.