Sebastián Fernández, secretario autonómico de ViviendaVALÈNCIA. La Generalitat Valenciana, a través de la Secretaría Autonómica de Vivienda, retoma el contacto con la Sareb para estudiar fórmulas que permitan incrementar el parque público valenciano. Unas conversaciones que se llevan produciendo durante los últimos meses con el objetivo de generar un nuevo marco de diálogo y destinar parte de los activos de esta sociedad a alquiler asequible para los valencianos. En concreto, se trabaja en la incorporación al patrimonio inmobiliario de la Administración valenciana cerca de 280 nuevos inmuebles.
Lo cierto es que la relación de la Generalitat Valenciana con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Restructuración Bancaria (Sareb) no es nueva, ya que a lo largo de la pasada legislatura, con Podem al frente de la ya extinta Conselleria de Vivienda, se venían celebrando encuentros. Sin embargo, ahora se busca estrechar aún más los vínculos y aprovechar la desinversión que está acometiendo la entidad, cuyo mandato expira en 2027, para aprovechar sus grandes carteras de activos en la Comunitat Valenciana.
De este modo, el equipo que dirige Sebastián Fernández negocia un primer paquete de cerca de 280 inmuebles. Se trata de una serie de viviendas, que ya habían sido evaluadas y elegidas por el anterior gobierno del Botànic. De hecho, su adquisición se anunció días antes de que se celebraran las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, cuando cambió el gobierno autonómico, pero su compra nunca se llegó a cerrar.
Por aquel entonces, el también candidato de Podem a la Generalitat y vicepresidente segundo y conseller de Vivienda en funciones, Héctor Illueca, avanzó que se iban a adquirir las primeras 325 de un total de 583 viviendas de la Sareb que estaban en condiciones de ser transferidas al Consell, después de que esta entidad ofreciera a la Generalitat el estudio de 1.706 viviendas para valorar su incorporación.
No obstante, según explican desde el Consell, esa operación nunca llegó a materializarse y se ha tenido que revaluar las condiciones de los activos. Un trabajo que se ha estado haciendo desde hace meses y que ha llevado a descartar algunos inmuebles por su precio o situación de inhabitabilidad, dejando finalmente el número de unidades que se negocia en unas 280, de las que 148 están en la provincia de Valencia, 88 en la de Alicante y 43 en la de Castellón.
En estos momentos, los técnicos de la Secretaría Autonómica de Vivienda y los servicios jurídicos avanzan en la materialización de un acuerdo con la Sareb, seleccionando las unidades y la elección de la fórmula, aunque la cesión temporal de los inmuebles es la favorita como se ha venido haciendo con otras autonomías. De esta forma, durante un plazo fijado por ambas partes se cederá el activo a la Generalitat Valenciana para destinarlo a alquiler asequible.
La intención es anexionar lo más pronto posible las viviendas para atender la actual emergencia habitacional en la región y ya en una segunda fase se contemplaría una posible compra. No obstante, la opción de la cesión temporal es más inmediata para dar una cobertura social y, por ello, es la que contempla la Generalitat Valenciana, que busca inmuebles que reúnan todas las condiciones para vivir de forma inminente.
Pero, además, de forma paralela, el equipo de la Conselleria trabaja en la articulación de un nuevo concurso para ceder suelos a promotores y construir alquiler asequible. El objetivo que se ha fijado el Ejecutivo de Carlos Mazón es levantar 10.000 nuevas viviendas en en la Comunitat Valenciana esta legislatura. Para ello, ya se está haciendo un 'mapeo' de los solares más idóneos, contando también con bolsas municipales por parte de Ayuntamientos que quieran sumarse a este plan.
No obstante, la prioridad es movilizar suelo de la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha) para agilizar la tramitación. Una forma de revitalizar al sector en un momento en el que la falta de oferta está estrangulando los precios, por lo que esta colaboración público-privada permitiría sacar adelante nuevas promociones sin que la Administración tenga que recurrir a grandes desembolsos.
Asimismo, otra vía de trabajo que está abierta, y que avanzó Fernández hace unos meses, es la de crear un nuevo marco normativo a través de una nueva Ley de Vivienda autonómica, que aúne la vertiente social de la vivienda con la económica y más sectorial enfocada en la construcción. De esta forma, el objetivo es aglutinar en un único texto toda la legislación vigente para poner orden y dotar "de mayor seguridad jurídica al sector".
Además, en el corto plazo también se está acometiendo una revisión de los decretos más sonados como son el de tanteo y retracto y la norma para reactivar la vivienda de protección pública (VPP), anteriormente conocida como de protección oficial (VPO), para dar "seguridad y confianza" al sector inmobiliario. "Ha llegado el momento de apartarnos de la producción de normas ideológicas para situarnos en normas lógicas, sustentadas en criterios técnicos que den respuestas solventes a las necesidades reales de las personas y, en definitiva, configuren un marco normativo seguro que atraiga inversión", remarcó el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández en una jornada sobre vivienda en la que avanzó algunos de los ejes y prioridades sobre los que trabaja el nuevo equipo de la Conselleria.
