Una de las reuniones del Seminari de Govern celebrado este fin de semana. Foto: GVAVALÈNCIA. El Consell ha tratado de desterrar este fin de semana la imagen de tensión que envuelve cada año la elaboración de los presupuestos de la Generalitat. El pasado se logró en cierto modo cambiar ese clima con la creación de una comisión dentro del propio Ejecutivo conformada por cargos técnicos y políticos de cada pata del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem). La idea había sido reiteradamente reclamada por Compromís y su exvicepresidenta, Mónica Oltra. Y la intención fue que la confección de las cuentas se produjera por encima de Hacienda, el departamento que habitualmente recibe las propuestas de cada Conselleria y departe directamente con ellas.
Con ese formato, los choques entre los socios dejaron de ser tan públicos como en anteriores ocasiones. Aun así, la falta de acuerdo hasta última hora en determinadas cuestiones provocó que los presupuestos se presentaran por primera vez fuera del plazo legal. Ahora se pretende que, al menos desde el inicio –y aunque siempre se pueda acabar produciendo alguna discrepancia más adelante–, prevalezca la apariencia de unidad. Máxime cuando se trata de año electoral y el Botànic quiere vender estabilidad en el actual contexto económico.
Así se evidenció en la comparecencia de presentación de conclusiones del XIII Seminari de Govern del Botànic que comenzó el jueves en Alcoi y finalizó este sábado. La cita, como avanzó este diario, cambió de formato y contenidos. Normalmente se basaba en un sistema de planificación de objetivos para el siguiente semestre, pero en esta ocasión ha girado en torno a los ejes de los presupuestos del próximo ejercicio. Los cuales se encaran como los primeros de la nueva legislatura si siguen al frente del Ejecutivo valenciano tras los comicios.
El jefe del Consell, Ximo Puig, y la vicepresidenta, Aitana Mas, confirmaron este sábado en la rueda de prensa que esas bases fijadas con antelación son las que servirán para la negociación de las cuentas en la comisión política formada por los tres partidos y que arrancará este mes. "Es un instrumento, aunque lo importante es dar respuesta a la situación económica", afirmó Puig en referencia a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
Los miembros del Ejecutivo valenciano aprobaron un total de 36 ejes planteados de manera totalmente abstracta y sin que se haya entrado en la cuantificación económica de cada política. Algo previsible porque el presupuesto está por elaborar y que da cuenta de que la importancia de estas conclusiones reside más en la apariencia de unidad de acción que en el propio contenido.
Algunas de las medidas son el refuerzo de la prevención de incendios, un programa de ocupación extraordinaria para la regeneración de las zonas afectadas por los fuegos, la optimización en la captación y ejecución de los fondos europeos, más obra pública o un nuevo programa becas para el acceso a la administración autonómica y de justicia.
Pero si existe un asunto central es el económico. Tres son los compromisos principales: Impulsar la Alianza Valenciana contra la Inflación desde el diálogo social; sacar adelante una reforma fiscal para ayudar a las familias; y secundar, mediante ayudas directas y créditos, a las empresas y personas autónomas para superar los problemas derivados del aumento de los costes de producción.
La reforma fiscal es el que acaparará mayor atención los próximos meses. Ésta ha sido incluida en el documento aprobado por el Consell en el Seminari, lo que significa un principio de acuerdo entre PSPV, Compromís y Unides Podem. El interrogante es cómo. Desde que Puig anunciara una bajada de impuestos el pasado lunes y hasta el propio encuentro de este fin de semana, no ha habido concreción alguna al respecto.
Fuentes del Consell apuntan a que una de las medidas que se estudia es la de modificar el tramo autonómico del IRPF para beneficiar a las rentas medias y bajas pero no a las altas. Sin embargo, existen otras encima de la mesa. Una posibilidad es que el PSPV recupere uno de sus grandes clásicos en toda negociación presupuestaria: la rebaja del Impuesto de Sucesiones para bonificar a empresas familiares que facturen más de 10 millones de euros. Ante lo cual en Compromís ya avisan de que prepararían como contrapartida la reclamación de otro de habituales, la tasa al azúcar.
La coalición no es partidaria, en términos generales, de la rebaja impositiva. Fuentes de la formación admiten que Puig les comunicó un día antes de salir a anunciarla que iba a hacerlo, lo cual es un cambio de actitud en las relaciones respecto a los últimos tiempos. Así que, una vez consensuado que sí habrá reforma fiscal, el siguiente paso será la negociación y los términos en los que cada socio la llevará.
Tampoco cuentan con demasiado tiempo y las próximas semanas serán clave. La idea, confirmó Puig este sábado, es articular la reforma a través de la Ley de Medidas Fiscales –la conocida como ley de Acompañamiento a los Presupuestos– y que la voluntad es que sea de aplicación inmediata. Pero es probable que, antes de presentarla y de que inicie su tramitación en Les Corts, un primer borrador sea expuesto durante el Debate de Política General, la gran cita del año en el Parlamento autonómico y en la que Puig aprovecha para vender su ristra de promesas.
Compromís ha decidido no meter el codo por el momento, al menos en el Seminari, y tampoco ha sido necesario recordarle al PSPV que la línea roja es no beneficiar a las rentas altas. El siguiente capítulo será pronto.
