Aitnaa Mas, Ximo Puig y Héctor Illueca. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los partidos del Botànic II se enfrentan a la complicada tarea de cerrar los Presupuestos de la Generalitat de 2023 en apenas dos semanas para presentarlas en tiempo y forma. Unas cuentas que, como ya adelantó este periódico, las diferentes carteras gestionadas por PSPV, Compromís y Unides Podem buscan que sean expansivas: la carta a los Reyes Magos de las consellerias suman un total de 3.000 millones de euros, un aumento del 15,75% respecto al año pasado.
Las peticiones, por tanto, son muchas y caras, pues esta cifra no incluiría el servicio de la deuda. Mientras tanto, la Conselleria de Hacienda trata de contener el gasto, por lo que el dilema que ahora mismo tiene el Botànic sobre la mesa no es pequeño. Por un lado, el departamento que dirige Arcadi España había reclamado al resto de carteras que fuesen tímidas a la hora de diseñar sus cuentas, si bien no había fijado un techo ni determinado cuál sería un crecimiento aceptable en las circunstancias de inflación actual.
No en vano, en Hacienda son conscientes de que han de moverse en ciertos equilibrios entre la situación económica actual, que no invita a un gran crecimiento del gasto, y que se trata de las cuentas del año electoral, que han de tener buena venta para los sectores sociales clave. A esto se suma, además, otros factores que ya de por sí van a hacer crecer el presupuesto: la subida de sueldo a los funcionarios hasta un 3,5% aprobada por el Gobierno central y la inflación, la subida de tipos y el aumento de los precios de la energía, que afectará al capítulo 2 de gastos corrientes.
Ahora bien, en medio de este escenario, las expectativas de los diferentes departamentos del Botànic son altas: buscan ver engordados sus fondos porque estos serán los últimos presupuestos de la legislatura que permitirán vender la gestión y políticas llevadas a cabo durante los últimos cuatro años. Por lo que el pulso entre Hacienda y el resto del Consell, así, se recrudece estos días. Y este martes sumó un nuevo capítulo: incorporar los 1.000 millones ficticios del fondo covid, ¿sí o no?
En la rueda posterior a la Junta de Síndiques de este martes, Compromís y Unides Podem insistieron en hacer encajar las cuentas aunque sea a martillazos porque la prioridad para ambas formaciones es "cubrir las necesidades de los valencianos". De hecho, las portavoces de ambas formaciones, Papi Robles y Pilar Lima, y también la del PSPV, Ana Barceló, defendieron que de nuevo en esta ocasión el presupuesto cuente con la partida reivindicativa de 1.336 millones que el Consell mete año tras año para compensar la infrafinanciación por el retraso en la reforma del sistema.
Pero Robles y la portavoz adjunta Estefanía Blanes fueron más allá y se mostraron partidarias de meter 1.000 millones más en ingresos no garantizados basados en los fondos extraordinarios del Estado para paliar la crisis de la covid y con los que la Generalitat iba a dejar de contar. A pesar de que estos estaban justificados por la crisis sanitaria de la pandemia, Blanes se mostró partidaria de mantenerlos aunque sea bajo otro nombre, o que estos se sustenten en otra circunstancia sobrevenida como lo fue el covid-19 y que ahora podría ser la crisis derivada de la guerra de Ucrania: 1.000 millones de euros reivindicativos que servirían, según la portavoz adjunta de Unides Podem, para "paliar y sufragar la vulnerabilidad de algunas familias".
Un punto en el que Barceló, por el contrario, se distanció de Robles y Blanes. En el mismo sentido que el conseller de Hacienda, la síndica socialista vio complicado hallar en esta ocasión otra excusa para incorporar los 1.000 millones extraordinarios que la covid-19 ayudó a incluir en las cuentas del año pasado y de 2021. Barceló consideró que no sería necesario plantearlo esta vez y dejó claro que los ingresos debían responder a unas políticas determinadas, si bien trasladó a España la responsabilidad de hacer cuadrar los presupuestos.
Con este escenario, cabe recordar que el responsable de Hacienda dio la orden de pasar la tijera a unos cuantos departamentos cuando estos hicieron sus peticiones hace unas semanas. Un tijeretazo para rebajar ese incremento de 3.000 millones de euros que han planteado las consellerias al que ahora se suma un nuevo frente: el de los 1.000 millones y los socios del Botànic deberán debatir si incluir o no en el presupuesto de 2023 y con qué excusa.
