VALÈNCIA. El nuevo curso político da sus primeros pasos y, en la Comunitat Valenciana, lo hace con un reto pendiente para el nuevo gobierno conformado por PP y Vox. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, esgrimió durante la campaña la necesidad de quitar "grasa" en la Administración y acusó al Consell del Botànic de haber generado una estructura sobredimensionada.
Ahora, y cuando todavía tiene pendiente al menos una decena de nombramientos en el segundo escalón del Ejecutivo, ya tiene sobre la mesa la urgencia de comenzar a plasmar una remodelación del sector público poblado por toda suerte de organismos autónomos, entidades de derecho público, agencias y sociedades mercantiles, como lo es el aeropuerto de Castellón, cuya dirección, todavía en manos de Blanca Marín, está pendiente de renovación. Este es un ejemplo de ente cuya continuidad es necesaria, pero lo cierto es que otros podrían fusionarse y en algunos casos, el PP apuesta por eliminar organismos.
Una decisión que Mazón y su equipo deberán acometer como siguiente paso cuando terminen los nombramientos -precisamente queda todavía por ocupar la Dirección General del Sector Público- del segundo escalón. El objetivo, nada sencillo, será calibrar qué entidades son prescindibles, qué competencias pueden absorberse o fusionarse y cuáles son los perfiles adecuados para liderar las sociedades que merezcan continuar.
Comenzando por los organismos autónomos, pocos son los nombramientos que se han producido y, en este caso, se corresponden con altos cargos que, dentro de sus competencias, tienen la responsabilidad de dirigir estas entidades. Es el caso de Labora, donde el secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, actuará como director general; o del director general de Trabajo, Andrés Lluch quien estará al frente del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) o también en el caso de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, donde a priori ejercerá como responsable un alto cargo ya designado. Una fórmula que también se sigue en otros órganos como la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria o el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (Ivia).
En cambio, se encuentran pendientes de designación los directores de otras entidades cuyo puesto sí debe ser dirimido por las respectivas consellerias: es el caso del Instituto Valenciano de la Juventud (Ivaj); el Instituto Cartográfico Valenciano; la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia; la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria; la Agencia Valenciana de Protección del Territorio o el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas; cuya creación de su sede en Alicante se aprobó en la recta final de la pasada legislatura. También figura en este listado el el Instituto Valenciano de Estadística (IVE), si bien por el momento continúa al frente David González, exalcalde de Oliva y elegido en su momento por Compromís.
Ahora bien, varios de estos organismos, especialmente los dos últimos, están sujetos a revisión por el nuevo gobierno, que a través del propio Mazón ya vino reiterando en los últimos meses su deseo de adelgazar el sector público. Es más, otros entes impulsados por el Botànic, muchos de ellos en fase de creación o de nacimiento reciente, como es el caso de la Oficina de Derechos Lingüísticos, l'Escola Valenciana d'Administració Pública (Evap), la Agencia Valenciana de Cambio Climático, Agencia Valenciana de la Energía o Agencia Valenciana de Residuos.
En cuanto a entidades de derecho público y sociedades mercantiles, también queda mucha tarea por hacer para el gobierno de PP y Vox. Algunas, como Turisme Comunitat Valenciana, no implican nuevos nombramientos porque son los propios altos cargos los responsables del ente. Otras como el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), el Instituto Valenciano de Servicios Sociales o la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) ya tienen designados responsables con Enrique Montes, Alfonso Novo, Maria Àngels Ramon-Llin y Ernesto Fernández, respectivamente.
Otras entidades tienen un futuro incierto o la dirección está pendiente de renovación, como es el caso de la Agencia Valenciana de Innovación (AVI); la Sociedad Valenciana Gestión Integral Servicios de Emergencias (Sgise), el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), Espais Econòmics Empresarials, Circuito del Motor, la Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles, S.A. o el Aeropuerto de Castellón SL.
En muchos casos, por su propia naturaleza, la dirección no depende directamente de un nombramiento del Gobierno valenciano, sino de la designación vía Consejo de Administración del ente, si bien este suele seguir las directrices políticas. En este sentido, faltan por conocerse los nuevos responsables de organismos importantes como Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. (Vaersa); Entidad Pública de Saneamiento de Aguas residuales de la C.V. (Epsar) o Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. (Cacsa).