El portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. Manolo Mata es, además de portavoz del PSPV en Les Corts Valencianes, abogado del empresario Jaime Febrer, supuesto cabecilla de la trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas que se indaga en la segunda fase del conocido como caso Azud. El pasado julio anunció públicamente que ejercería su codefensa, pero el papel exacto que desempeñará todavía se encuentra en el aire mientras se produce un cruce de escritos con el juzgado.
El también 'número tres' de los socialistas valencianos presentó hace dos meses la personación ante Instrucción número 13 de Valencia como codefensa. Sin embargo, esta figura, que tampoco resulta muy habitual –suele recurrirse a ella en las macrocausas–, no parecía del todo clara para la propia jueza, que llegó a pedir al letrado principal de Febrer un nuevo escrito aclaratorio, tal como publicó Valencia Plaza. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el derecho de defensa comprende la asistencia letrada de un abogado de libre designación, por lo que ha de justificarse la existencia de dos.
Así lo hicieron Mata y Miguel Vergara, el otro abogado de Febrer. Pero la magistrada determinó en una providencia que el portavoz del PSPV en Les Corts sería el único letrado del empresario en la causa. Algo que no pretende Mata, quien compagina esta labor con la parlamentaria, ambas sujetos a agenda y en ocasiones difícilmente compatibles. Los dos representantes han insistido ahora de nuevo en que llevarán la defensa de manera conjunta, de forma que todavía no queda aclarado el papel exacto de Mata.
La decisión del 'número tres' de los socialistas valencianos no ha estado exenta de polémica. De acuerdo con los investigadores, su cliente, Febrer, habría creado una red de sobornos a políticos de diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, incluyendo el de la capital, como pago por adjudicaciones públicas. Cantidades que, supuestamente, blanqueaba su ingeniero fiscal.
El caso relata unos hechos ocurridos entre los años 2004 y 2011 y concernientes a la etapa del PP al frente del consistorio valenciano, pero en el que el PSPV se encuentra salpicado de lleno. Entre los investigados figuran varios cargos socialistas: el hasta hace poco subdelegado del Gobierno en la provincia Rafael Rubio; el que fuera financiero del partido, Pepe Cataluña, y el actual jefe de prevención de riesgos penales de la empresa pública Divalterra (dependiente de la Diputación de Valencia), José Luis Vera. A ello se añade que existe una sospecha de financiación ilegal del partido, aunque una línea de investigación en este sentido no tiene fácil recorrido, como informó este periódico. Pese a todo ello, Mata considera que ejercer la defensa de Febrer es legal, compatible con sus cargos, "ético e incluso estético".
El empresario se encuentra actualmente en prisión desde el pasado 15 de mayo junto al exvicealcalde de València Alfonso Grau. Por el momento, la jueza ha rechazado ponerlo en libertad, a diferencia de a otros de los acusados. El argumento principal es el riesgo de destrucción de pruebas, aunque en su caso existe una documentación de especial importancia, como son las comisiones rogatorias remitidas a varios países.
Una de las sospechas es que la estructura montada para la presunta trama urbanística incluía la salida de dinero al extranjero. Los investigadores le descubrieron a Febrer una cuenta en Luxemburgo, de modo que parte de las indagaciones van dirigidas a averiguar el recorrido del dinero fuera de España. Motivo por el que se recurre a las comisiones rogatorias. La puesta en libertad del empresario dependerá, por tanto, de que éstas se resuelvan.
