El PPCV se protege ante el órdago de Vox y evita comprometerse a acoger a más menores migrantes 

VALÈNCIA. Este miércoles tendrá lugar en Tenerife la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia entre Gobierno de España y Comunidades Autónomas (CCAA). Una cita que llega bajo un manto de crispación por las declaraciones previas de las distintas formaciones políticas, que parecen ir destinadas a tomar la mejor posición posible en la negociación. 

El ejecutivo central, que ha manifestado su intención de reformar la Ley de Extranjería, pretende que los distintos gobiernos autonómicos se impliquen en mayor medida en la acogida de menores migrantes ante la masiva llegada que se viene produciendo en las Islas Canarias. Mientras, el PP liderado por Alberto Núñez Feijóo, viene proclamando estas semanas la "solidaridad" que ejercen las regiones donde su partido gobierna, pero al mismo tiempo dibujan tantas premisas y condiciones en su discurso a la hora de aceptar este posible incremento en el reparto de menores migrantes, que ni mucho menos está asegurado que lleguen a aceptar una propuesta del Gobierno de España en este sentido.

Y en este asunto Vox lleva varios días haciéndose, a codazos, su espacio. El líder del partido, Santiago Abascal, ya mostró a finales de junio su disconformidad con la posibilidad de este reparto de menores migrantes, si bien este lunes fue un paso más allá al asegurar que su formación política rompería los pactos de gobierno con el PP en las autonomías donde están asociados, incluida la Comunitat Valenciana, si los populares llegaban a algún acuerdo en este asunto con el Gobierno de España.  Una intervención realizada tras la reunión del Comité de Acción Política de Vox en la que vinculó además a los menores migrantes con el aumento de la delincuencia y de la "inseguridad" en la ciudadanía. "Los españoles están hartos de ser víctimas de agresiones, de machetazos, de robos y de violaciones casi siempre a manos de los mismos, que son los ilegales que el PP y el PSOE insisten en traer a España".

De esta manera, y pese a que ya amagó con la ruptura el pasado mes de noviembre con la Ley de Aministía, el órdago de Abascal en este caso parece muy claro, con la particularidad que se ha reiterado y endurecido a pocas horas de que se produzca la conferencia sectorial. Una circunstancia que invita a pensar que será complicado que de la cita entre Gobierno y CCAA se llegue a algún acuerdo que implique un nuevo reparto de menores migrantes, puesto que obligaría a Abascal a cumplir su palabra y romper con el PP en las cinco autonomías donde gobierna. Una medida que, al menos en la Comunitat Valenciana, resultaría especialmente extraña dado que en líneas generales la sintonía entre ambas formaciones ha sido relativamente buena, sobre todo entre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el vicepresidente primero del Consell, Vicente Barrera, quien no obstante admitió este lunes que rompería el gobierno si Abascal daba la orden.

Con este escenario, las distintas declaraciones en las últimas horas, en especial las procedentes del PPCV parecen dirigirse a poner la venda antes de la herida, poniendo el foco en las distintas cuestiones que dificultan que exista un acuerdo en el nuevo reparto de menores migrantes. Así, desde el Consell, criticaban este martes el apagón informativo de la reunión -por no haber recibido texto alguno del Gobierno antes de la conferencia-, la falta de recursos existente para albergar a los menores, la saturación actual de los centros de la Comunitat, la falta de plazas y, como reproche general, la falta de hoja de ruta en la política migratoria del Gobierno central. Un panorama diseñado aparentemente para partir de una base que apuntale las dificultades de las autonomías para dar luz verde al citado reparto, salvo condiciones compensatorias extraordinarias por parte del Ejecutivo central.

En esta línea, el propio presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se mostró especialmente vehemente preguntado por esta cuestión respecto a la posición del Consell, al señalar que en la conferencia sectorial de este miércoles deberían otorgarle a la Comunitat "la medalla de la solidaridad", dado que "sin recursos" y "sin una política europea o del Gobierno de España" lleva "respondiendo muchos meses y con mucho esfuerzo" al fenómeno" de la inmigración. "Las CCAA estamos solas en esto, sin recursos y sin competencias, y parece que somos los señalados aquí", recalcó, para recalcar que en la reunión de este miércoles no se producirá "reparto de inmigrantes" sino un reparto de recursos económicos de un fondo de contingencia del año 2021, además de trasladarse a las autonomías una borrador de la Ley de Extranjería, que deberá aprobar el Congreso. . "No podemos decir cuál es nuestra opinión sobre un borrador de ley que no conocemos y no podemos ir con propuestas o con enmiendas", recalcó, en un reproche al Gobierno de España, para calificar de "colapso" la situación de la Comunitat con "317 plazas pero con 481 menores" albergados en sus centros.

En esta línea se manifestó el portavoz del PP, Borja Sémper, quien aseguró que las CCAA gobernadas por su partido acudirán a la conferencia con la propuesta de atender a los menores migrantes no acompañados "hasta el límite de su capacidad", pero puso sobre la mesa una serie de condiciones como un fondo de contingencia "con dinero suficiente" para las autonomías, además de que el acogimiento se produzca en "todas" las comunidades "sin excepción".  Respecto a las declaraciones de Abascal, Sémper rechazó de plano las amenazas: "Ni nos impresionan los órdagos de Vox, ni nos sentimos presionados por las amenazas del Gobierno", recalcó que el portavoz del PP.