Foto: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castelló, Begoña Carrasco, denuncia que "el sistema sancionador" de las cámaras de acceso al centro lleva contabilizadas 65.479 multas desde el 10 de enero. Fue la fecha en la que entraron en funcionamiento tras la suspensión temporal a la que se vio forzado el gobierno municipal por la presión de los comerciantes. Éstos siguen rechazando esta medida recaudatoria que sustituye a los antiguos bolardos retráctiles que cumplían la misma función que las cámaras, pero sin multar. "El comercio de Castellón sigue recogiendo firmas contra las cámaras que inundarán el Castellón Central, 745.000 metros cuadrados de casco urbano cerrado a los vehículos, señalan los populares en un comunicado.
"Las cámaras, que generan rechazo social, multando a razón de 80 euros, ahuyentando a clientes, contribuyendo a la decadencia del corazón de la ciudad, con un comercio y hostelería que pide auxilio por la crisis de la inflación son un palo en la rueda más en el peor momento. De enero a octubre han sido 65.479 multas, lo que viene a ser una media de 6.548 multas al mes, más de 200 al día aproximadamente en ese intervalo de tiempo", apunta Carrasco.
En este sentido, la portavoz popular añade que "consideramos que es un número muy elevado de multas que está consiguiendo que la gente no venga, muchos vecinos de la provincia que antes venían en fin de semana a Castelló a comprar hoy no se lo plantean por las dificultades que encuentran para acceder sin ser multados. Y mientras esto pasa, el gobierno de Amparo Marco no muestra ningún tipo de sensibilidad, ni con el tejido comercial, ni con las familias castellonenses. Nuestra postura es clara, hay sistemas alternativos para controlar el acceso de vehículos al centro, como los bolardos pero sin multar, por eso cuando gobernemos nos comprometemos a apagar las cámaras definitivamente".
Carrasco lamenta que el equipo de gobierno "siga dando pasos para restringir, cada vez más, el acceso a los vehículos", mediante la implantación de nuevas cámaras sancionadoras en el Castellón Central que va a perimetrar 745.000 metros cuadrados más de casco urbano "dejando absolutamente aislado el centro". “La seguridad vial es la excusa para seguir engordando las arcas municipales sin que luego el dinero revierta en forma de mejores servicios públicos ni inversiones. Decimos sí a un centro sostenible pero de la mano de los comerciantes, no de espaldas a los vecinos".
Fuentes municipales señalan respecto a esa cifra de 65.479 multas que 29.689 se han anulado. En concreto, aquellas de quienes obtuvieron la autorización después de la fecha de infracción. Las mismas fuentes subrayan que, hasta la fecha, las sanciones cobradas ascienden a 9.860 euros.
