Carlos Mazón, junto a Miguel Barrachina y Juanfran Pérez durante una votación. Foto: CORTS/JOSÉ CUÉLLARVALÈNCIA. El PPCV y Vox mantienen una buena relación dentro del Consell que hasta la fecha ha contado con pocos sobresaltos. Y aunque parece lógico que los haya a lo largo de la legislatura, la intención –y la estrategia– de ambos partidos es que la calma se intente mantener dentro del Ejecutivo valenciano para trasladar una imagen de estabilidad. Otra cosa son Les Corts. El Parlamento autonómico se está convirtiendo poco a poco en el escenario en el que se visibilizan las diferencias entre ambos partidos. Ocurrió este martes en una de las votaciones, pero no ha sido ni será la única.
Ambos grupos son socios de Gobierno, aunque no piensan igual en muchos asuntos. Y lo quieren dejar patente. Pese a que criticaron reiteradamente los posicionamientos dispares y los enfrentamientos del anterior Gobierno conformado por el PSPV, Compromís y Unides Podem, los de ahora, dicen, no tienen consecuencias prácticas y no afectan a la gestión de la Generalitat. De hecho, tratan de desdramatizarlo.
El choque de este martes fue a cuenta de la condonación de la deuda a la Comunitat Valenciana. Se produjo en la comisión de Economía y Hacienda de Les Corts, donde se debatía una propuesta del PPCV que insta al Consell a exigir al Gobierno central a responder inmediatamente a las alegaciones presentadas al 'esqueleto' del nuevo sistema de financiación que presentó la ministra María Jesús Montero en 2021.
La proposición no de ley (PNL) también pide que para el ejercicio presupuestario de 2024 se transfiera un fondo de nivelación de, al menos, 1.336 millones de euros –el equivalente a la infrafinanciación– con los que se compense el desequilibrio anual que sufre la Comunitat por la parálisis de un nuevo sistema.
La iniciativa anticipa igualmente que ese nuevo modelo debe asumir los costes básicos de las autonomías en materia de educación, sanidad y políticas sociales, "rompiendo el status quo actual", y teniendo como premisa la población ajustada (hoy el 11,06%), todo ello según los expertos.
En el último punto, los populares piden que el sistema de financiación aborde la deuda histórica de la Comunitat y que se articulen mecanismos de devolución de las cantidades asumidas por ella. En esta parte es en la que discrepa Vox, que este lunes registró una enmienda para la supresión del citado punto de la deuda.
El PP no la aceptó, como sí hizo con una enmienda de Compromís en la que añadían más puntos a la iniciativa original: uno, convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el primer trimestre de 2024 para que el Gobierno central presente a las comunidades la propuesta de nuevo modelo de financiación; dos, acordar e implementar un fondo de nivelación transitorio que subsane el perjuicio generado por el actual sistema; y tres, establecer los mecanismos necesarios para garantizar que las inversiones dependientes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sean proporcionales al peso poblacional de cada autonomía.
Después de que los populares incorporaran este texto de Compromís, ambos partidos, junto al PSPV, apoyaron la iniciativa incluyendo la parte de la deuda. Vox, por su parte, se abstuvo. El motivo es que hace escasos días el propio Santiago Abascal criticó –así como hicieron otros cargos a continuación– que las comunidades autónomas gobernadas por los populares –en algunos casos con los voxistas como socios– reivindicaran la condonación de parte de su deuda aprovechando la prebenda pactada por el PSOE con ERC de acometer una quita del 20% de la deuda basada en las consecuencias de la crisis económica de 2008 que supondría unos 15.000 millones de euros. "Vamos a pedir en los parlamentos regionales que se denuncie a quienes pretenden negociar con la igualdad de los españoles", sentenció Abascal.
Ni en Vox ni en el PP se esconden en subrayar sus discrepancias en este y otros asuntos. "Si en cuatro años hay más diferencias no se sorprendan. No somos lo mismo. Somos dos partidos distintos con nuestro propio mensaje y programa y a veces no votamos lo mismo. Tenemos un acuerdo de mínimos, un acuerdo de caballeros, o de señoras, como quieran llamarlo, en el que hay unos puntos en los que nos hemos puesto de acuerdo y habrá otros en los que no lo estemos", indicó el portavoz adjunto de Vox José María Llanos.
Así, destacó que la condonación de la deuda podría esconder una subida de impuestos y valoró que no se trata de "la cuestión más relevante ni la que más le importa a los ciudadanos" cuando, dijo, "lo que tenemos es un verdadero golpe de estado y un gobierno ya no ilegítimo sino incluso ilegal".
Por su parte, el síndic del PPCV, Miguel Barrachina, señaló que no es "una tragedia" que los socios discrepen en la condonación de la deuda e insistió en que hay "un único gobierno con dos partidos que representan sensibilidades distintas". Además, garantizó que no habrá discrepancia que "frene" la acción del Consell a diferencia, según él, de lo que pasaba con el anterior gobierno del Botànic.
"Lo que reivindicamos es que se modifique el pernicioso sistema de financiación socialista, que las inversiones sean valoradas técnicamente y no por capricho político y que, si hay condonación para cualquier comunidad, la Comunitat Valenciana sea la primera al ser la primera endeudada per cápita, parte de la herencia del diputado ausente Ximo Puig", expuso.
La condonación de la deuda no es el primer asunto en el que el PPCV y Vox votan por separado. La primera división fue a cuenta de la renovación del pacto contra la violencia de género, que suscribieron todos los partidos menos los voxistas el pasado octubre. Los populares pactaron el texto definitivo con el PSPV y Compromís.
Ambas formaciones restan importancia a estos choques e intentan normalizarlos ya desde comienzos de la legislatura. De hecho, fuentes de los grupos remarcan que la interlocución es constante y buena. Incluso con el anticipo, en las dos direcciones, de posicionamientos e iniciativas que saben que pueden no compartir en una especie de estrategia diferencial pactada.
Algo que sobre todo sucede en el caso de Vox, un partido extremadamente jerarquizado en el que muchas cuestiones que llegan a Les Corts se deben a una acción conjunta en todos los parlamentos autonómicos marcada desde la dirección nacional.
Así pues, los socios son conscientes del papel que juega el otro y por dónde va. La cuestión es hasta qué punto será capaz de apretar Vox y si querrá condicionar con sus votos otros asuntos que les resulten de especial interés. Algo que ocurrió en la izquierda y que generó importantes focos de tensión.
