Alfonso Rus, en los juzgados de València. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Un total de 26 personas se sentarán en el banquillo este lunes en las conocidas como piezas de los zombis de Imelsa y Ciegsa dentro de la macrocausa de Taula. Se trataba de empleados de estas empresas públicas que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto.
Entre los acusados figuran el que fuera presidente de la Diputación de Valencia y del PP de esta provincia Alfonso Rus; el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla; el exgerente de Imelsa Marcos Benavent; el que fuera jefe de Gabinete de Rus, Emilio Llopis; y varios exdiputados provinciales, como el que fuera subdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio
(destituido tras su supuesta implicación en otro caso, Azud). Las defensas de la mayoría de ellos centrarán su estrategia en anular las grabaciones, una de las pruebas fundamentales en las que se sustenta la investigación de Taula.
La instructora abrió juicio por delito de pertenencia a organización criminal y delitos continuados de malversación, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial cometidos por funcionarios públicos. Además, requirió a los acusados para que presentaran fianzas que suman en su conjunto 4.721.081 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles.
En el auto de procesamiento, la jueza señalaba que Rus, Caturla, Benavent y Llopis, considerados cabecillas de la trama de Taula, usaron las contrataciones de Imelsa en beneficio propio y para pagar favores: "Atendiendo a sus intereses personales y particulares, utilizaron a Imelsa en beneficio propio, procediendo a la contratación de trabajadores para responder a favores solicitados por terceras personas, siendo que en muchos de los casos no desempeñaban ningún trabajo para dicha empresa pública, y con conocimiento y consentimiento de todos ellos".
En estas piezas de la macrocausa, recordaba, se indaga en la "contratación laboral, aparentemente simulada, de determinadas personas que no habrían ejercido actividad laboral efectiva alguna para la empresa". También "determinadas extinciones de contratos de trabajo, ante la sospecha de que, atendiendo al coste económico empresarial, pudieran encubrir algún tipo de maquinación concertada entre empleador y empleado para obtener un innecesario y arbitrario enriquecimiento de estos últimos a costa de recursos públicos".
Tal y como se indicaba en el informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado, las incorporaciones de personal en la empresa pública se hicieron obviando el procedimiento que garantiza los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e imparcialidad a que hace referencia la ley. Tampoco se respetaron las limitaciones de personal impuestas en la normativa.
En el auto, la juez enumeró a 12 personas contratadas desde 2009 en Imelsa por orden de Rus "que percibieron salarios sin haber desarrollado ningún trabajo efectivo para esa empresa de la Diputación". Entre ellas desde el alcalde de la localidad de Cofrentes hasta un jugador del Club Deportivo Olímipic de Xàtiva, el club de fútbol que presidía el propio Rus.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 12 años de prisión para Alfonso Rus, Emilio Llopis y Máximo Caturla como cabecillas de la supuesta organización criminal. Sobre Marcos Benavent apreció arrepentimiento y reclama para él una condena de 9 años y medio de prisión.
Mientras, para Rafael Rubio pide 6 años de cárcel, al igual que para el todavía asesor del PSPV en la Diputación, Raúl Pardos. Para el presunto testaferro de Benavent, José Estarlich, solicita 4 años y medio. Misma pena que para el empresario del sector de la comunicación José Adolfo Vedri.
Durante las últimas semanas, las defensas de los principales acusados han preparado una estrategia conjunta del cara al juicio. De hecho, mantuvieron la semana pasada una reunión de trabajo para coordinarse en las peticiones que realizarán, especialmente durante las cuestiones previas. La principal es la nulidad de los audios.
El abogado del expresidente de la Diputación de Valencia ha presentado un informe pericial ante el juzgado que concluye que los documentos almacenados con las grabaciones en los dos pendrives que dieron origen al caso –el del exsuegro de Benavent y el de la actual consellera de Transparencia, Rosa Pérez– no provienen del ordenador del familiar de Benavent.
"En el disco duro analizado no existen ni han existido ficheros de audio de similares características a los encontrados en los dispositivos USB", sostiene el informe elaborado por un perito informático. En él se indica igualmente que el contenido de los dos pendrives son diferentes y en el del exsuegro de Benavent hay más archivos que en el de Rosa Pérez.
El documento destaca asimismo que los contenidos correspondientes a grabaciones fueron colocados en el dispositivo de la ahora consellera el 29 de julio de 2014 –el día antes de que los entregara en la Fiscalía– y que el último acceso es el 3 de mayo de 2022.
El abogado del exgerente de Imelsa sostiene que se rompió la cadena de custodia de estos USB, otro de los motivos por los que pide la nulidad.
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