VALÈNCIA. El Síndic Major de Comptes de la Generalitat, Vicent Cucarella, entregó el pasado 30 de diciembre al president Ximo Puig el informe de fiscalización de las cuentas del Ejecutivo valenciano en 2020, que entre sus cientos de páginas recogía un tirón de orejas al propio Puig a cuenta de los contratos de publicidad institucional adjudicados por Presidencia de la Generalitat.
Concretamente, la Sindicatura puso la lupa sobre ocho expedientes para la difusión de distintas campañas informativas relacionadas con la pandemia derivada del coronavirus, por un importe conjunto de 4,17 millones de euros, así como el contrato de publicidad institucional que la Generalitat lanza cada año en verano para alertar sobre el peligro de incendios forestales.
De los ocho contratos de publicidad relacionada con la pandemia, señala que siete fueron suscritos con la misma empresa -Havas Media Group Levante- por un importe global de 4,11 millones de euros, que representa el 98,6% del total, y cinco de ellos fueron adjudicados en los meses de mayo y junio de 2020. Del primero, en marzo de 2020, cuando se decretó el estado de alarma, la Sindicatura entiende que está justificad la tramitación por vía de emergencia, pero a partir del segundo, ya en mayo, afirma que "el órgano de contratación debió explicar suficientemente la necesidad de recurrir a su tramitación de emergencia", que tiene menos garantías que otros procedimientos. "En estos expedientes no se explican de forma razonada los motivos por los cuales no fue posible resolver la situación mediante otros procedimientos menos restrictivos", señala el informe, que en respuesta a las alegaciones de Presidencia, concluye que, de acuerdo con la legislación existente y pese al estado de alarma, "podría haberse consultado a más de una empresa la posibilidad de realizar el objeto del contrato".
Por si esto fuera poco, el Síndic considera que "no se justifica, en ningún caso, la selección del contratista ni los precios de las prestaciones contratadas, que no figuran de forma expresa y determinada en los respectivos contratos". Critica que las declaraciones de emergencia hacen referencia a los precios aplicados en "anteriores contratos de emergencia para la difusión de campañas de información", sin determinar a qué contratos en particular se refieren ni las campañas y actuaciones publicitarias concretas a realizar ni los medios a utilizar. "Además, los contratos examinados no contemplan las mismas actuaciones en todos los casos", subraya.
Respecto a la ejecución de los contratos, afirma: "La documentación acreditativa de los precios facturados y la ejecución del contrato contiene el plan de medios aprobado por la Dirección General de Promoción Institucional". Este plan de medios aprobado por la Generalitat "incluye los precios a facturar por el contratista, sin que conste en el expediente si estos precios han sido comunicados por el contratista, si han sido objeto de negociación o han sido determinados directamente por la Administración de la Generalitat".
Por otra parte, "en las facturas se observa que en algunos casos se aplican descuentos en los medios de radio y prensa, y en otros casos no, sin que se justifiquen las circunstancias explicativas de esta falta de homogeneidad en los precios finales ni los descuentos practicados". Según el organismo que dirige Vicent Cucarella, "la indeterminación de las tarifas y descuentos a aplicar en cada una de las campañas contratadas de cada uno de los siete expedientes tramitados de emergencia en el ejercicio dificulta la comprobación de la adecuada aplicación de los precios y descuentos facturados, teniendo en cuenta, además, que en un número importante de facturas no figura la aplicación de ningún descuento".
Si los contratos relacionados con la pandemia han merecido la crítica de órgano fiscalizador de la Generalitat, con el "contrato de emergencia" de la campaña de sensibilización para la prevención de incendios forestales, adjudicado el 27 de julio de 2020 por 0,8 millones de euros, el tirón de orejas es aún más notorio. El Síndic considera que por parte de Presidencia hubo "falta de planificación de las necesidades de contratación" y subraya que "resulta llamativo que la declaración de emergencia no se produjera hasta junio de 2020, una vez iniciada la campaña estival contra los incendios".
Según afirma, esta campaña "no obedece a necesidades sobrevenidas que requieran una actuación inmediata para reparar el daño causado por la pandemia, sino a necesidades recurrentes y previsibles de carácter estacional". De hecho, es una campaña que se ha lanzado otros veranos con el lema "Stop al foc".
Además, en este caso, "el precio del contrato no queda determinado al venir referido a descuentos a practicar sobre 'tarifas oficiales' que no se incluyen entre la documentación del contrato, incumpliéndose lo previsto en el artículo 102 de la Ley de Contratos del Sector Público". Tampoco se establece el plazo de ejecución, sino que se sujeta a la existencia de presupuesto, contraviniendo también lo dispuesto en la ley.
Aunque el Síndic no lo incluye en su informe, Presidencia no fue el único departamento que utilizó un contrato de emergencia para una campaña de publicidad institucional. También lo hizo Sanidad en al menos una ocasión, el 21 de agosto de 2020, "para la contratación de espacios en medios de comunicación para la difusión de una campaña informativa derivada de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus". El contrato era de 89.558 euros, iva incluido, y se contrató con la misma agencia que la mayoría de los contratos de Presidencia.
Este contrato no fue fiscalizado por la Sindicatura, que cada año recoge una muestra de todos los contratos de la Generalitat para extraer conclusiones sobre la forma de contratación. Como ya informó este periódico, el organismo que dirige Cucarella puso la lupa sobre la falta de control en más de 152 millones de euros gastados por la Conselleria de Sanidad en compras de material para luchar contra la pandemia. En el informa, alerta de que en buena parte de las compras que Sanidad realizó por emergencia –sin expediente de contratación– se omitieron los controles posteriores, hasta el punto de que no ha podido acreditar si los acuerdos, muchos de los cuales se cerraron de forma verbal y se pagaron por anticipado, llegaron a cumplirse.
Además, alertó de que los gastos sanitarios contraídos sin expediente de contratación, por insuficiencia presupuestaria u otras causas, se elevaron hasta 1.602,4 millones de euros.