VALÈNCIA. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio a conocer este lunes a los 22 miembros de su Ejecutivo. Cada vez que llega una cita de estas características, se especula en los días previos cuántos ministros valencianos habrá y en qué áreas de responsabilidad: una suerte de termómetro para medir cuánta influencia real puede tener la Comunitat, en este caso, a través de dirigentes socialistas y de Sumar, en el Gobierno central.
Un juego periodístico que también se practica en otras autonomías y donde el resultado va por barrios, si bien suele traducirse en el acento sobre las faltas y ausencias que pone el partido que no está en el poder, frente al enfoque más optimista y positivo de las fuerzas políticas que sí forman parte la estructura gubernamental respecto a la representatividad alcanzada.
No obstante, en líneas generales, no puede decirse que en los últimos lustros el poder valenciano en el Gobierno de España haya sido especialmente destacado, ya sea por la propia escasez numérica de ministros de la Comunitat o porque eso haya significado un trato especialmente relevante para el territorio valenciano. En este sentido, el mayor referente -por relevancia política e importancia de la cartera que ostentaba- en los últimos años de un Ejecutivo ha sido José Luis Ábalos, al que Pedro Sánchez fulminó de forma repentina sin que nunca quedaran demasiado claros los motivos. Es por ello que quizá sería momento de asumir que el poder valenciano en Madrid es un unicornio, es decir, algo inalcanzable o imposible.
En esta ocasión, tampoco se prodigan en el Gobierno central los dirigentes valencianos en los ministerios o, al menos, que actúen dentro de los parámetros de las estructuras políticas de los partidos de la Comunitat. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, la gandiense Diana Morant, sí forma parte del PSPV con una trayectoria previa relevante en la federación valenciana.
Es la única en este caso. El ministro de Agricultura, Luis Planas, que repite en el Ejecutivo, es nacido en el Cap i Casal, donde estudió la carrera, si bien en los 80 ya marchó a Córdoba siendo elegido por esa circunscripción para el Congreso, avanzando así en su carrera lejos de la capital del Túria. De la misma manera, la nueva ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en este caso bajo las siglas de Sumar -aunque cuota de Izquierda Unida-, también nació en València, si bien pasó parte de su niñez en Palestina y ha transitado políticamente entre Madrid y Bruselas en los últimos años.
Así pues, en este caso, la representación de obediencia o sensibilidad específica valenciana en el Gobierno de España es muy limitada. Es más, tampoco Compromís, que aspira a la posibilidad de obtener algún puesto en el Ejecutivo o en alguna de sus empresas públicas a través de la cuota de Sumar, tiene demasiado fácil alcanzar competencias que le proporcionen visibilidad o rédito en la Comunitat, dado que los ministerios a los que ha accedido el partido liderado por Yolanda Díaz son Trabajo, Sanidad, Infancia y Juventud, Cultura y Derecho Sociales. Todas ellas muy alejadas de carteras relacionadas con presupuestos, financiación, transportes, infraestructuras, inversiones, medio ambiente... áreas donde la agenda reivindicativa valenciana es más potente. No obstante, habrá que ver cómo quedan las competencias concretas en el ámbito social por si la coalición puede meter la cuchara en algún área como la dependencia, donde han tenido experiencia de gestión en la Comunitat.
El escenario que deja el nuevo Gobierno, por tanto, revela un manto de incertidumbre sobre las exigencias valencianas que el PPCV liderado por Carlos Mazón no tardará en aprovechar. Cuestiones como la reforma del sistema de financiación -sistema de reparto caducado desde 2014 que perjudica a los valencianos- o ver cómo se extrapola en la Comunitat Valenciana la condonación de la deuda a Cataluña acordada por Sánchez, apuntan a ser dos de las primeras piedras de toque, a lo que habrá que unir las inversiones territorializadas de los primeros presupuestos del recién estrenado gobierno o el nivel de ejecución de las obras del Corredor Mediterráneo, una reclamación de los empresarios que se hizo visible días atrás en Madrid con pocos halagos hacia Sánchez.
Por lo que se vio en el debate de investidura, Pedro Sánchez no parece emocionado con abordar la reforma del sistema de financiación. Aunque lo mencionó en su intervención inicial, luego llegaron matices posteriores en las réplicas que apuntaban ya a lanzar la pelota a las autonomías gobernadas por el PP y Vox, probablemente con el ánimo de generar discrepancias entre las regiones dominadas por los populares con la que justificar otra legislatura sin remodelación. Por otro lado, la condonación a la deuda para Cataluña firmada con ERC, se basa en unos parámetros peculiares donde se pone el foco a la crisis financiera de 2008 y sus consecuencias hasta 2014, sacando de la ecuación el problema de la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana. El Ivie cifraba días atrás en 27.500 millones la quita que debería corresponder a la autonomía, pero si los términos aplicados son exactamente los mismos que a Cataluña, ni de lejos la condonación para la Comunitat estará en esas cifras. Para todo esto, y para los presupuestos también, Sánchez le pedirá a Montero que haga su 'magia', aunque difícilmente evitará los ataques de los populares valencianos.
Por otra parte, aunque al hilo del poder valenciano en Madrid, este lunes El Español apuntaba la posibilidad de que el exconseller Esteban González Pons pudiera convertirse en portavoz del PP en el Congreso en sustitución de Cuca Gamarra.
Mazón ya tiene su 'enemigo público'
Si la hoja de ruta de Mazón en cuanto a discurso político pasará en gran medida por ser exigente y reivindicativo con el Gobierno de Sánchez, la incorporación como ariete de González Pons para dotar de acento valenciano a la labor de oposición del PP en el Congreso, sería otra herramienta de notable interés para Mazón, con la mirada puesta en combinar gestión autonómica con críticas al gobierno socialista.