Imagen de la comandancia de la Guardia Civil de Patraix. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La comandancia de la Guardia Civil de Patraix en València ha sido escenario durante las últimas tres jornadas de las comparecencias de investigados y testigos de la pieza separada del caso Azud vinculada a la financiación del PSPV. Empresarios, alcaldes y trabajadores del PSOE han desfilado ante los agentes que indagan en estos hechos. En total, se trata de alrededor de una veintena de personas.
La actual investigación corresponde a una de las cinco piezas separadas de la macrocausa que permanecen secretas –la cual se podría levantar en próximos días–. Y el periodo al que se circunscribe es el de alrededor de 2006 y 2007, cuando José Luis Rodríguez Zapatero era presidente del Gobierno. Algunos de los proyectos que se pusieron en marcha bajo su mandato son los que ahora se encuentran bajo sospecha por posibles amaños y comisiones que habrían ido a parar a financiar al PSPV.
El caso Azud, del que se encarga el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, se centra en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante 15 años (entre 1999 y 2013). Políticos del PP y del PSPV, además de empresarios, habrían participado en ella. Hasta la fecha, figuraban como imputadas alrededor de 60 personas, pero con la nueva línea de investigación la cifra asciende.
En el día de ayer viernes acudieron varios testigos ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Algunos de ellos eran primeros ediles de localidades valencianas relacionadas con las indagaciones. Otros eran empleados del PSOE, pertenecientes a la secretaría de Organización (el departamento encargado del desarrollo orgánico del partido).
El pasado jueves comparecieron el que fuera consejero delegado de la empresa pública estatal Aguas del Júcar José María Marugán y el presidente de Construcciones Luján, Javier Luján. Ambos están relacionados con la operación del trasvase Júcar-Vinalopó en 2006 que se investiga en esta parte de la macrocausa y todo apunta a que se acogieron a su derecho a no declarar. Aun así, desde el entorno del empresario aseguran que está colaborando plenamente con las autoridades.
Acciona y Construcciones Luján concurrieron a aquel concurso en una Unión Temporal de Empresas (UTE) para llevarse las obras y fueron adjudicatarias del tramo E, el más caro, que ascendió a 39,7 millones de euros. El proceso partió de Aguas del Júcar, cuyo consejero delegado era José María Marugán hasta que Acuamed tomó el control de forma efectiva de la primera en 2008. Ésta dependía del Ministerio de Medio Ambiente que dirigía en ese momento Cristina Narbona. Marugán era una persona cercana al exlíder de los socialistas valencianos –y candidato a la Generalitat en 2007– Joan Ignasi Pla, quien lo propuso para el cargo.
La Guardia Civil cree que ese concurso estaba totalmente amañado. Una tesis que basan en los papeles encontrados en el domicilio del exresponsable de finanzas del PSPV Pepe Cataluña durante los registros practicados en mayo de 2021. En esas anotaciones aparecían unas cantidades como "condición de adjudicación" y otras como "Factura a recuperar en proyecto (teóricamente)". Los investigadores creen que, en realidad, respondían a comisiones que habrían ido a parar a sufragar campañas electorales del PSPV. Según esas notas, las empresas tenían que abonar un total de 2,5 millones de euros, lo que suponía alrededor de un 6% respecto al importe de adjudicación del proyecto de uno de los tramos del trasvase.
Según ha podido saber este periódico, los delitos a los que se apunta en esta parte de la investigación son cohecho, prevaricación, blanqueo, tráfico de influencias, falsedad documental, asociación ilícita y organización criminal. Aunque los hechos se tendrían que encasillar en un delito de financiación irregular del PSPV, esta línea de investigación no es posible –al menos por el momento– debido a que las fechas en las que se produjeron no existía puesto que se incorporó al Código Penal en la reforma de 2015. Esto supone que, como publicó Valencia Plaza, no se pueda perseguir. A ello se suma que, al tratarse de 2006 y 2007, se trataría de un presunto delito electoral ya prescrito. Por lo tanto, únicamente se puede continuar por la vía del cohecho –a no ser que apareciera algún elemento nuevo–, que es en la que se sigue actualmente.
