Foto EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Un azud es una presa que desvía parte o todo el caudal de un río de su curso natural y eso fue lo que hizo con el dinero público de diversos ayuntamientos durante al menos quince años una trama de corrupción impulsada por el empresario Jaime Febrer mediante el Grupo AXIS. De ahí el nombre que se le dio al caso.
Nacida en las entrañas del Ayuntamiento de València en la época del Partido Popular y de Rita Barberá, con su cuñado José Corbín y su mano derecha Alfonso Grau en un papel destacado, la trama extendió sus tentáculos al PSPV, de la mano del abogado José Luis Vera, muy cercano al partido, y con el concejal Rafael Rubio como presunto 'comprado' estrella. Pero, además, dio el salto a localicades como Xixona, Burjassot o Benicàssim.
El alzamiento del secreto de sumario del caso el pasado martes ha revolucionado la vida política valenciana esta semana tres años después de que la investigación se hiciera pública con las primeras detención. De hecho, Azud ya se ha cobrado una ‘dimisión’ pero no de un implicado sino del síndic socialista Manolo Mata, que ha dejado su escaño en Les Corts para seguir en la defensa de Febrer, el principal acusado.
Pero la gran sorpresa de estos primeros días ha sido el papel del diputado popular Jorge Bellver, que ha llevado a la jueza a preguntar a Les Corts si está aforado, paso previo a su citación como investigado. Además, los numerosos tomos a los que ha tenido acceso este periódico muestran las grandes operaciones de la trama; sus modos para pagar comisiones, incluidos lujosos regalos, y sus mecanismos para generar dinero efectivo para ese mismo fin.
En uno de sus muchos informes, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realiza su valoración y explica que de manera paralela a su actividad legal, el Grupo AXIS, de Febrer, habría "desarrollado una dinámica de funcionamiento consistente en el pago de comisiones a diferentes cargos públicos con el objetivo de obtener decisiones favorables a sus intereses económicos" en distintas administraciones.
"Las evidencias recopiladas señalan que estas prácticas se habrían desarrollado al menos entre los años 1999 y 2013, centrándose principalmente su ámbito de actuación en el Ayuntamiento de Valencia; donde habrían contado con la connivencia de diversos cargos públicos y personas relacionadas que le habrían permitido concertarse de forma fraudulenta para el desarrollo de numerosos proyectos empresariales, vinculados esencialmente al ámbito del urbanismo", recoge el informe.
"También se habrían desarrollado o pretendido este tipo de prácticas en otras Administraciones Públicas; siendo objeto del presente informe actuaciones concernientes a los Ayuntamientos de Jijona (Alicante), Burjassot (Valencia), Benicàssim (Castellón) o a las empresas públicas Aguas de las Cuencas Mediterráneas (ACUAMED) o Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas (AUMSA)", explica.
El informe detalla que la trama tenía cuatro tipos de 'mordidas', no necesariamente excluyentes para sus receptores. Se trataba de contratos por trabajos que no se realizaban pero se cobraban; compraventas de inmuebles por precios superiores o inferiores al mercado según el caso; regalos; y dinero en efectivo.
La UCO apunta que el GRUPO AXIS habría contado "con una estructura personal y societaria que, a modo de apéndice y formalmente ajena" le habría permitido generar "importantes sumas de dinero en efectivo para esas comisiones y lo cifra en 7,1 millones "en el periodo investigado".
En este apartado, el informe hace un inciso para destacar a "varios actores" que "por sus relaciones políticas y personales" cobraban pese a no tener cargo público, algo que parece una referencia a Corbin y Vera.
El sumario sitúa a Jaime Febrer en el centro de la trama. Se trata de un empresario "vinculado a la promoción inmobiliaria". Tuvo un papel "preponderante", asegura la UCO. Él era el impulsor de las operaciones y se supone que el que más provecho sacó. Él habría sido también el encargado de 'untar' a políticos y de 'engrasar' a los funcionarios. Sus agendas y la documentación intervenida en sus empresas han resultado clave para la investigación.
"Aparece vinculado con la mayor parte de las actuaciones desarrolladas en el seno del grupo empresarial y que se investigan en la presente causa; haciéndolo además en un plano superior al resto", resumen el informe.
Alfonso Grau era la gran pieza de la trama de Febrer dentro el Ayuntamiento. El vicealcalde y mano derecha de Barberá habría "percibido comisiones de naturaleza ilícita por haber favorecido, en el ejercicio de la función pública desempeñada en el Ayuntamiento de Valencia y mediante actuaciones de carácter arbitrario y discrecional llevadas a cabo en la tramitación de expedientes administrativos, los intereses particulares de determinadas sociedades mercantiles pertenecientes al GRUPO AXIS, en detrimento o sin tener en cuenta el interés general".
Según el recuento de la UCO habría recibido más de dos millones de euros en comisiones más un piso de lujo en el centro de València, un local, un bajo y un garaje. Todo eso además de los lujosos regalos de la trama, de los que era uno de los habituales beneficiados.
De José María Corbín lo primero que dice la UCO es que resulta resulta "especialmente relevante" que sea el marido de la hermana de Rita Barberá, eso le permitía mover hilos en el Ayuntamiento... y cobrar suculentas comisiones por ello. Sólo de las empresas de Febrer, con quien le puso en contacto Grau, y sólo entre 2007 y 2013 se habría embolsado 677.156,48 euros.
"Las evidencias recopiladas señalan que, con base en las relaciones familiares que le unían a la que en ese momento era Alcaldesa del Ayuntamiento de Valencia, y aparentemente materializado principalmente a través de su segundo, el Primer Teniente Alcalde y Concejal de diversos ramos Alfonso Grau, habría desarrollado capacidades sobre determinados procedimientos administrativos dimanantes del Ayuntamiento de Valencia; cobrando importantes sumas económicas por ello, que se presumen comisiones de naturaleza ilícita", detalla.
El abogado José Luis Vera es una de las claves de la operació. Muy vinculado históricamente al PSPV-PSOE, según se desprende del sumario él es quien consigue hacer de la trama algo transversal y no sólo del PP.
Su papel, apunta la UCO "habría sido el de materializar, viabilizar o posibilitar este tipo de prácticas en aquellas Administraciones Públicas al frente de las cuales se encontraban cargos vinculados al PSOE, utilizando para ello sus importantes vínculos e influencias dentro de este partido". Entre 2007 y 2011, la Guardia Civil calcula que se habría llevado por sus gestiones 1.034.186,36 euros. De ese millón de euros, 150.000 fueron por una de sus gestiones estrella: corromper al líder socialista del Ayuntamiento de València.
Ese era Rafa Rubio, candidato a la alcaldía de València en 2003 y líder de la oposición entre esa fecha y 2007. Para entender su peso hay que recordar que fue también diputado autonómico y que cuando fue detenido era subdelegado del Gobierno.
Al parecer la trama se habría acercado en un primer momento a él tras denunciar como jefe de la oposición uno de sus 'pelotazos' y habría comprado su silencio por 300.000 euros. Pero las cantidades cobradas podrían haber sido mayores en los siguientes años.
Más allá de cuál sea el recorrido judicial de la ingente cantidad de información ya desvelada queda la duda de si hay aún tomos de la instrucción sobre los que no se han levantado el secrero de sumario... o si se han abierto causas paralelas.
Por ejemplo, la UCO apunta a que la trama podría haber pagado gastos electorales en las campañas de 2007 en localidades como Xixona, donde gobernana el PP, en Burjassot, donde lo hacía el PSPV pero donde necesitaba al Bloc, o en Benicàssim, donde lo hacía una agrupación local con el apoyo del PP. También desvela un testigo que el PSPV habría encargado una campaña para Unió Valenciana que habría hecho que pagara una empresa de la trama. Pero no dice más. Al menos, de momento.
