Francisco Pérez, presidente de la Comisión de Expertos, con la consellera de Hacienda, Ruth Merino. Foto: JORGE GIL/EPVALÈNCIA. Los expertos que asesoran a Les Corts y al Gobierno valenciano en materia de financiación autonómica presentaron este miércoles en la Comisión mixta Consell-Corts un informe en el que proponen que el fondo transitorio de nivelación –propuesto recientemente por Fedea y apoyado de forma entusiasta por los presidentes valenciano, murciano, andaluz y castellano-manchego en lo que se llamó 'la conjura de Fitur'– se amplíe a otras cuatro comunidades autónomas: Galicia, Madrid, Cataluña y Aragón.
El informe de la Comisión de Expertos recoge una serie de propuestas, la mayoría ya conocidas y que ahora se actualizan, ante el retraso acumulado en la reforma del actual sistema de financiación autonómica. En una primera fase, defienden el fondo de nivelación, una medida transitoria que –sostienen– debería aplicarse de manera inmediata para aproximar a la media a las comunidades que reciben unos recursos por habitante ajustado inferiores.
Se trata de una propuesta que este grupo de expertos que preside Francisco Pérez ya lanzó en 2020 y repitió en 2021. La novedad respecto a la propuesta que Ángel de la Fuente (Fedea) hizo el pasado 22 de enero es que aquella se limitaba al año 2024 y la de los expertos valencianos proyecta un escenario más largo, por si la reforma del sistema de financiación se retrasa aún más.
Así, plantean que en 2024 el fondo transitorio sea de 3.237 millones de euros y se reparta entre Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha, las cuatro que reciben una financiación por debajo de la media. El importe es similar al que planteó Fedea –3.277 millones–, aunque con un reparto ligeramente diferente, ya que a la Comunitat Valenciana le corresponderían 1.183 millones, 35 más que los que propuso Fedea.
La novedad está en 2025, cuando se incorporarían al fondo de nivelación otras tres CCAA que quedarían por debajo de la media, al subir esta en 2024 debido a la inyección de dinero en las cuatro de abajo. Son Galicia, Cataluña y Madrid.
La tesis de los expertos es que, como la corrección transitoria eleva la media, nuevas comunidades deben recibir la transferencia con el paso de los años y el coste total también aumenta. Algo que se debe a que el objetivo no es solo cubrir la infrafinanciación sino reducir las importantes diferencias de financiación entre comunidades con el paso del tiempo.
Como se aprecia en el cuadro adjunto, en 2026 ocurriría lo mismo con Aragón, que al subir la media quedaría por debajo de esta, por lo que también recibiría del fondo transitorio ese año. El proyecto de nivelación elaborado por los expertos valencianos acabaría en 2027, año en el que el fondo se repartiría entre las mismas ocho CCAA. Es decir, duraría toda la legislatura en caso de que no se lograra reformar el sistema de financiación autonómica.
Al final de este período, nueve de las quince CCAA de régimen común, las ocho citadas más Asturias, estarían solo un punto (índice 99) por debajo de la media –frente a los casi nueve puntos que ahora padecen Comunitat Valenciana y Región de Murcia– y las seis restantes, con Cantabria a la cabeza (111,4), seguirían por encima sin haber cedido un solo euro en el reparto del actual sistema. La diferencia entre la mejor y la peor financiada sería de 12,4 puntos, frente a los 24,7 de ahora.
En total, el Estado tendría que aportar un promedio de 6.100 millones de euros al año a este fondo durante la presente legislatura. El informe desglosa las cantidades que, a juicio de los expertos, deberían recibir hasta 2027 las CCAA infrafinanciadas para converger con la media del resto. En el caso de la Comunitat valenciana son 1.782 millones de euros de media. Sería, con ello, la segunda a la que más dinero se le debería de transferir, solo superada por Andalucía (2.268 millones de euros). Les seguiría Región de Murcia con 585 millones, Madrid con 476 millones y Castilla-La Mancha con 456 millones. Por detrás de todas ellas estarían Cataluña con 396 millones, Galicia con 105 millones y, por último, Aragón con 34 millones.
El informe remarca que el mecanismo del fondo de nivelación representa "un coste adicional anual asumible presupuestariamente, teniendo en cuenta la gravedad del problema a resolver".
En una segunda fase posterior al fondo de nivelación, los expertos defienden una reforma parcial del sistema de financiación caducado desde hace una década que, entre otros objetivos ‐integración en el fondo de garantía de los recursos de los otros fondos, revisión de la población ajustada y del Fondo de Compensación Interrreritorial‐, paliara el problema del endeudamiento. Ya en una tercera fase mencionan una reforma completa del sistema, para la cual puede ser necesaria "la modernización tributaria que España lleva años aplazando y debería abordar ineludiblemente".
Al margen de todo ello, el informe calcula que el 78,6% de la deuda de la Comunitat Valenciana debería ser condonada por el Estado al no tener su origen en la gestión presupuestaria del Consell, lo que supone 43.278 millones de euros del total de 55.000 millones. Esta deuda la atribuyen a tres causas: la infrafinanciación del conjunto de CCAA, incluida la generada como consecuencia de la crisis de 2008; la infrafinanciación relativa de las autonomías que reciben fondos estatales por debajo de la media y los costes financieros por el pago de esa deuda generada por los dos motivos anteriores.
El informe incluye un gráfico que refleja lo lejos que ha estado de la media de las CCAA la financiación de la Comunitat Valenciana en los últimos veinte años, en los que ha acumulado déficit y deuda, sobre todo a partir del nuevo sistema de financiación autonómica implantado en 2009.
Los expertos hacen hincapié en que solo abordando "en profundidad" la compensación de las insuficiencias de la Comunitat Valenciana, tanto la infrafinanciación como la deuda, será posible normalizar su situación y que vuelva a ir a los mercados como vía ordinaria de financiación.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
