Ángel de la Fuente. Foto: CORTES DE ARAGÓNVALÈNCIA (EP). La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha alertado este lunes de que la aplicación del acuerdo fiscal suscrito entre el PSC y ERC, al contrario de lo que aduce el Gobierno, no puede suponer una mejora de recursos del resto de comunidades, puesto que obligaría a suplir la pérdida de fondos procedentes de Cataluña y eso solo puede hacerse subiendo "los impuestos que pagan los ciudadanos de los territorios que se queden en el régimen común" o recortando las prestaciones estatales.
"Para que los que salgan del sistema puedan mejorar, los que se queden tendrán que perder de alguna forma. No hay otra", reza el nuevo documento sobre el acuerdo entre socialistas e independentistas catalanas redactado por el director de la fundación, Ángel de la Fuente.
La entidad critica que seis semanas después de la firma del pacto que facilitó la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat aún no se hayan "disipado las dudas sobre sus detalles", y que el Gobierno sólo se haya limitado a unas "parcas explicaciones" y a negar que se pueda equiparar a los conciertos "pese a las evidentes similitudes" con los sistemas vasco y navarro.
Además resta toda credibilidad al argumento gubernamental de que la puesta en marcha de este pacto no sólo preservará la solidaridad interterritorial sino que permitirá mejorar la situación de todas las comunidades autónomas y no sólo la de Cataluña.
"La principal conclusión del trabajo es que la tesis del Gobierno de que el acuerdo con ERC puede servir de base para una reforma del sistema de financiación que beneficie a todas las partes no es creíble. De hecho, los elevados costes que previsiblemente tendría la implementación del acuerdo apuntan a la necesidad de buscar una vía alternativa, que no debería comprometer ni el principio de solidaridad ni la autonomía del Gobierno central", sostiene Fedea.
La fundación considera que el acuerdo adolece de incoherencia puesto que "sus distintas partes no terminan de cuadrar entre sí". Para Fedea, sí es coherente el argumento de que para resolver la "palmaría injusticia" de la supuesta insuficiencia de recursos de Cataluña haría falta una "reforma radical" destinada a que la plena soberanía fiscal de esta comunidad autónoma.
"La Generalitat asumirá la recaudación de todos los impuestos en su territorio, tomando así el control de las llaves de la caja con el fin de incrementar sustancialmente sus recursos, lo que comportará inevitablemente una importante reducción de su aportación a la caja común, así como un cambio muy significativo en la naturaleza del Estado, que adquirirá rasgos claramente confederales que pueden limitar seriamente su capacidad autónoma de actuación", explica el documento.
"Hasta aquí --añade--, el mensaje puede no gustarnos, pero es coherente". Sin embargo, --abunda-- "la cosa cambia" en la parte del texto en la que "se habla del mantenimiento de un elevado grado de solidaridad interterritorial al que Cataluña debe contribuir", y en las declaraciones del Gobierno en las que se afirma que la propuesta "no sólo no reducirá tal solidaridad, sino que mejorará la situación de todos los implicados".
Para la fundación, "salvo que las leyes de la física hayan cambiado súbitamente, no parece que los dos objetivos sean compatibles" porque no se puede dar "las llaves de la caja a las regiones ricas que las quieran para mejorar sustancialmente su propia financiación y, a la vez, garantizar que el Estado sigue contando con los recursos suficientes para mantener la cohesión territorial (y para ejercer satisfactoriamente el resto de sus competencias, que también son importantes)".
Llegado el caso, según su análisis, el Estado "podría compensar a las comunidades perdedoras, supliendo la pérdida de fondos procedentes de las que se van del sistema", pero los recursos necesarios para ello "sólo pueden proceder de un aumento de los impuestos que pagan los ciudadanos de los territorios que se queden en el régimen común, o de un recorte de las prestaciones estatales que también les afectaría negativamente".
"Para que los que salen del sistema puedan mejorar, los que se quedan tendrán que perder de alguna forma. No hay otra", resume Fedea, que da por hecho que, de llevarse a término este concierto, "habrá claros ganadores y perdedores" y también "enormes daños colaterales en la forma de una pérdida de eficiencia en la recaudación tributaria".
Además, Fedea pronostica que se producirá una "mutación de carácter confederal en la naturaleza del Estado que podría comprometer su capacidad para ejercer de forma satisfactoria sus competencias constitucionales".
En otro punto del documento, recogido por Europa Press, Fedea también apunta que "las razones para exigir el monopolio de las competencias de gestión tributaria tienen poco que ver con la eficiencia o incluso con la defensa de la autonomía" puesto que, de lo que se trata realmente "es de hacerse con las llaves de la caja con el fin de reducir su aportacion financiera al Estado y quedarse con la mayor parte posible de lo que los nacionalistas consideran "su dinero".
En este contexto, subraya que como confirma la experiencia de las comunidades forales, "el agente que tiene el dinero en la mano negocia con ventaja en temas de financiación territorial" y suele obtener "términos muy favorables, especialmente si sólo representa intereses de parte y su sentido de lealtad al conjunto es débil o inexistente".
"Llevando esto al extremo, una agencia tributaria propia que recaude todos los impuestos en la comunidad sería una de esas estructuras de Estado que tan prioritarias son para los nacionalistas catalanes, entre otras cosas porque serían imprescindibles para que una declarcion unilateral de independencia, como la de 2017, pueda ser factible. Dada la historia reciente, ¿estamos seguros de que sería buena idea dársela?", se pregunta.
En todo caso, Fedea llama a intentar reformar el sistema de financiación autonómica, pero de otra manera. En concreto, propone una administración tributaria única, "pero realmente de todos (quizás a través de un consorcio a 16 en lugar de 15 consorcios a dos)", el respeto de la ordinalidad en financiación por habitante ajustado y la conversión de las tradicionales cláusulas de 'statu quo' en compensaciones transitorias.
"Con un poco de suerte, el susto del cupo catalán ayudará a que los más reticentes al cambio se bajen de la burra y piensen un poco más en términos de construir un sistema bueno para el conjunto del país y menos en sus propios intereses a corto plazo", concluye la fundación.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
