Fedea cuestiona los elementos de la propuesta de Montero perjudiciales para la Comunitat

VALÈNCIA. Que el criterio básico para repartir los recursos en el futuro sistema de financiación autonómica sea la población ajustada es, de entrada, una buena noticia para la Comunitat Valenciana. Pero determinar hasta qué punto mejorará su situación actual dependerá de los criterios que finalmente se acuerden para el cálculo de esa población ajustada. Dicho de otro modo: del equilibrio entre los criterios estrictamente técnicos y los criterios políticos que se tengan en cuenta para poner de acuerdo a todas las Comunidades Autónomas.

En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, los dos aspectos clave para dejar de ser la perjudicada por el sistema son que se acuerde un buen ajuste de la población y que desaparezcan los fondos secundarios que introducen transferencias que posteriormente modulan el reparto determinado únicamente por criterios de población ajustada.

La propuesta del Ministerio de Hacienda para la revisión del concepto de población ajustada aumenta el peso de la sanidad y la educación en la asignación de recursos a las CCAA, algo positivo para las regiones más pobladas, pero también incluye elementos correctores difícilmente justificables desde el punto de vista técnico y cuyo único objetivo sería compensar a las CCAA menos pobladas.

Así lo considera la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que en su primer análisis sobre la propuesta del departamento que dirige María Jesús Montero cuestiona la inclusión ad-hoc de dos variables para compensar el despoblamiento y los costes fijos que son "muy discutibles por su arbitrariedad".

Según refleja en su paper Ángel de la Fuente, director de Fedea, el indicador de despoblamiento está hecho "a medida para favorecer a Aragón, Extremadura y las dos Castillas" y recuerda que el informe del Ministerio lo justifica porque es necesario primar especialmente a determinadas comunidades que tienen zonas particularmente despobladas, pero sin argumentarlo técnicamente.

De hecho, De la Fuente advierte que en el cálculo de las necesidades de gasto de las CCAA para que todas puedan financiar servicios públicos similares ya se tiene en cuenta la variable de superficie para introducir una prima de costes para las regiones con menor densidad de población, por lo que lo lógico sería aumentar el peso de esa variable en el cálculo en lugar de crear el indicador de despoblamiento.

Lo mismo sucede con la "peculiar" corrección por costes fijos. En este caso, el Ministerio de Hacienda propone repartir entre las siete comunidades más pequeñas la partida correspondiente en lugar de hacerlo entre el conjunto de todas las CCAA, como si el resto de regiones al margen de esas siete no tuvieran costes fijos que compensarse. Esta decisión obvia la propuesta que realizó el Comité de Expertos para la reforma de la financiación en 2017, que propuso la inclusión de la variable de los costes fijos, pero aplicada de forma gradual para todas las CCAA en función de su tamaño o, lo que es lo mismo, según su mayor o menor potencial para beneficiarse de economías de escala.

La inclusión de esos dos factores correctores supone, a juicio del experto de Fedea, mantener los "vicios más persistentes" del sistema de financiación. Esto es, la tendencia a intentar hacer "trajes a medida" en vez de buscar reglas generales de reparto "sensatas" basadas en una estimación objetiva del coste de prestación de los servicios según las circunstancias de cada comunidad autónoma.

Menor necesidad de gasto pero, ¿menor financiación?

Este hecho perjudica a la Comunitat Valenciana por cuanto supone que sus necesidades de gasto calculadas con la propuesta de población ajustada del Ministerio se verían reducidas respecto a las que se le calculan con el concepto de población ajustada del modelo de financiación en vigor. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en concreto serían 1,7 puntos menos, ya que las necesidades de gasto por habitante de la Comunitat pasarían del 97,3 del sistema en vigor al 95,6 si se aprobase tal cual la propuesta del Ministerio de Hacienda.

Pero ello no permite concluir automáticamente que la Comunitat Valenciana vaya a recibir menos recursos que en la actualidad si prospera esa propuesta para el nuevo cálculo de la población ajustada porque, tal y como refleja De la Fuente en su paper, la financiación real de las CCAA no equivale a las necesidades de gasto.En primer lugar, porque aunque el 80% de los recursos se reparten actualmente en función de las necesidades de gasto calculadas a partir de la población ajustada, el modelo contiene otros elementos que no está claro que vayan a formar parte del nuevo modelo de financiación. Se trata de un conjunto de fondos, como el de Suficiencia global o los de Convergencia, en función de los cuales se realizan unas transferencias redistributivas de unas CCAA a otras o de estas con el Estado en las que la Comunitat Valenciana sale claramente perjudicada porque están encaminadas al mantenimiento del statu quo.

De ahí que el comité de expertos del Consell para la reforma de la financiación, reunido este jueves para un primer análisis de la propuesta y para preparar las alegaciones que las comunidades han de presentar al Ministerio de Hacienda en enero. 

Y en segundo lugar porque el cálculo de las necesidades de gasto, o cómo deberían repartirse los recursos disponibles de forma equitativa entre territorios, dependerá de los criterios que finalmente se pacten para el ajuste de la población.

El análisis de Fedea, de hecho, subraya que las regiones cuya población ajustada aumente con la propuesta del Ministerio recibirían más recursos si se mantuvieran iguales el resto de elementos del sistema, algo que aún no está claro porque el Gobierno no ha aclarado si se mantendrán los mencionados fondos secundario para el reparto efectivo entre CCAA.

Más recursos que en la liquidación de 2019

El análisis de Fedea se limita estrictamente a comparar las propuestas de ajuste de población del Ministerio y la del Comité de Expertos de 2017 y cuantifican sus efectos sobre las necesidades estimadas de gasto de las CCAA, que no sobre su financiación efectiva porque además de la población ajustada, en el cálculo actual operan otros factores.

Insiste de hecho en que no se está hablando todavía del reparto efectivo de los recursos del sistema de financiación, sino de una fórmula de reparto ideal en base a los costes estimados de proporcionar una cesta homogénea de servicios y prestaciones en todo el país.

En relación con el sistema actual, Aragón y Extremadura aumentarían sus necesidades de gasto en más de 7 puntos, gracias a las dos correcciones ad hoc por costes fijos y despoblación, Cantabria y la Rioja ganarían en torno a cinco puntos. Por el contrario, Canarias y Galicia perderían casi tres puntos por una combinación de factores, mientras que la Comunitat Valenciana perdería 1,7 puntos.

Sin embargo, si tal y como aspira la Comunitat Valenciana desaparecen el resto de fondos del sistema y el reparto se basa únicamente en la población ajustada, la revisión de este concepto propuesta por el Ministerio de Hacienda supondría una mejora en más de tres puntos en la financiación efectiva por habitante ajustado tomando como referencia la liquidación de 2019, la última practicada.

Puig se aferra a la promesa de Montero

Aunque la propuesta de basar el reparto en la población agrada en la Comunitat, el Consell aboga por mantener la cautela sobre el resultado final de una negociación que apenas acaba de comenzar.

Por ello, el presidente de la Generalitat restó este jueves relevancia a las conclusiones de Fedea al considerar que se basan en una de las opciones planteadas por el Ministerio de Hacienda. "La ministra ha dicho en distintas ocasiones que el resultado final no puede ser negativo para las comunidades infrafinanciadas, no tendría sentido", destacó Ximo Puig.

"Será un debate intenso, pero ahora al menos podemos discutir sobre un papel", consideró Puig, que pronosticó que "el resultado seguro que será mejor para la Comunitat Valenciana" aunque "otra cosa es cuándo se produzca el acuerdo y en qué condiciones".

Por su parte, el conseller Vicent Soler deseó que las aportaciones de la Comunitat Valenciana a la propuesta del modelo de financiación lleguen con el mayor "consenso" y "rigor" posible. De ahí que este mismo jueves comenzase con el presidente Ximo Puig una ronda de reuniones y contactos para alcanzar este objetivo que seguirá este viernes con el encuentro de la comisión mixta Corts-Consell.