CASTELLÓ. Se acabó la polémica. El conflicto sindical sobre las elecciones internas en la refinería de BP en El Serrallo ha llegado a su fin con la constitución del Comité de Empresa en base a los resultados de los comicios sindicales celebrados a principios del pasado mes de marzo. Un recurso de la empresa contra el diseño del censo electoral puso en duda el proceso por la exclusión de determinados empleados, constatada parcialmente por la autoridad laboral, pero a la postre no se repitió la votación y la compañía ya cuenta con el comité de empresa formalmente constituido.
Concretamente, fue el pasado 30 de marzo cuando se conformó el órgano sindical, conforme los resultados del proceso electoral, que resultó en clara victoria para el Sindicato de Trabajadores (STR), con 10 representantes, frente a la Unión General de Trabajadores (UGT), que quedó con 7 representantes en el Comité. Así pues, la presidencia del Comité recaerá en el responsable de STR en la refinería, Israel Fernández, cuyo secretario será David Bernal.
En el proceso se elegían 17 representantes sindicales y estaban llamados a las urnas unos 500 trabajadores de la refinería en el polígono castellonense de El Serrallo. Con todo, tras la aprobación del censo electoral, estalló el conflicto entre el Sindicato de Trabajadores y la compañía. La firma impugnó el proceso electoral al considerar irregular la confección del censo electoral; esto es, el listado de trabajadores que tienen derecho a voto en los comicios y que pueden ser electos en el mismo proceso.
La compañía reclamaba a la Conselleria de Economía y Trabajo un procedimiento arbitral por considerar que había un "vicio en la confección del censo electoral", y en ese sentido, pedía a la Generalitat que resolviera introducir en el mismo a los trabajadores que habían sido excluidos y que se devolviera el proceso a los momentos previos a la "vulneración" en cuestión.
A la postre, se trataba de dirimir si las 26 personas excluidas del proceso electoral por ostentar responsabilidades dentro de la empresa cumplían con los requisitos exigibles para no poder participar del proceso electoral. Y finalmente, Economía dio la razón parcialmente a la compañía al asegurar en un laudo arbitral de finales de marzo que 20 de los 26 trabajadores que quedaron fuera del censo -y que por tanto no podían votar ni ser elegidos- tendrían que haber podido participar de los comicios.
En el laudo, el departamento autonómico dejaba claro que los mencionados empleados, "a pesar de que en el censo sí aparecen con categoría de directores", no tenían "un poder de dirección tan autónomo como para poder ser considerados excluidos de la representación de los trabajadores". Así, subrayaba que estas 20 personas "no aparecen ni en el organigrama de la empresa, no cuentan con poderes ni tampoco ha quedado probado por ninguna de las partes que tomen decisiones que impliquen asumir el rol de alta dirección".
El laudo dictado por la Conselleria establecía que había que "retrotraer el proceso hasta el momento de la realización del censo electoral". Esto es, que a priori suponía volver a iniciar el proceso electoral y repetir las votaciones. Sin embargo, no se llegó a este punto en virtud de un acuerdo entre el Sindicato de Trabajadores, que había resultado vencedor en el proceso electoral, y la dirección de BP.
El sindicato STR amenazó con llevar a los tribunales el laudo arbitral de la Conselleria por estar en desacuerdo y la empresa podía instar a la mesa electoral a la repetición de los comicios internos. Con todo, el acuerdo alcanzado entre ambas partes supuso dar por definitivos los resultados de las elecciones ya celebradas y aplicar el criterio arbitrado de cara a los próximos comicios. Al final, la polémica se ha disipado definitivamente después de que el pasado 30 de marzo se constituyera el Comité de Empresa, con mayoría de representantes de STR.
Hay que recordar que también a principios de marzo la compañía petrolera firmó el pacto con los sindicatos que supone la ratificación del convenio que estará vigente para los dos próximos años más un posible tercer ejercicio de prórroga y que, a la postre, implicará una subida salarial de más del 13% a lo largo de este tiempo. Además, incluye otras mejoras en cuestiones de horarios, la jornada intensiva, permisos y bajas, etcétera.
