CASTELLÓ. Punto y final al litigio abierto entre la compañía Eulen y la Conselleria de Igualdad después de que la firma perdiera la gestión de la residencia de discapacitados físicos ubicada en Segorbe. El desacuerdo en el proceso de valoración y adjudicación del contrato, donde el departamento autonómico descartó la oferta de Eulen, acabó en los tribunales, que finalmente han fallado en favor de la Generalitat Valenciana.
El centro estaba gestionado por la mencionada compañía y en 2019, la Conselleria sacó a licitación por la vía de urgencia el nuevo contrato para la gestión de la residencia por valor de 6,5 millones de euros para una duración de cuatro años. Al proceso se presentó la propia Eulen y otras siete compañías: Aralia, Clece, Gesmed, Gerocleop, Palma Servicios Sociales, Sacyr y Grupo 5 Acción y Gestión Social. Y la Conselleria excluyó la oferta de Eulen porque la propuesta económica era "anormalmente baja" sin una justificación clara de su viabilidad por parte de la compañía.
Así pues, la firma acudió al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) para anular la decisión de la mesa de contratación de dejar su oferta fuera de la pugna por el contrato. Pero el organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, resolvió en favor de la Conselleria, que en 2022, tras tres años desde que se iniciara el concurso, acabó adjudicando el contrato a Aralia. Eulen, que había perdido así la gestión integral del centro, llevó la cuestión a los juzgados.
La firma argumenta que presentó una "justificación suficiente" sobre su oferta anormalmente baja y que las exigencias de la administración eran acerca de "elementos de escasa entidad". Además, consideraba "del todo desproporcionado" dejarle fuera del concurso porque la baja era "mínima", apenas 1,37% menor respecto del límite, y porque no se tenía en cuenta que "es perfectamente viable ofertar a pérdidas".
Con todo, la sala de lo contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) no ha atendido a su reclamación. En la sentencia emitida el pasado mes de junio, deja claro que Eulen "no solicitó aclaración de ningún tipo" acerca de la información que solicitaba la administración, que "no se justificó debidamente la viabilidad económica de la oferta" en su momento y que "no se aprecia falta de proporcionalidad en la decisión adoptada por la administración".
Además, aunque Eulen argumentaba que la solvencia de su grupo empresarial podría absorber eventuales pérdidas en el contrato, el TSJ explica que "la solvencia de la empresa no puede servir de justificación de que una oferta anormalmente baja resulta viable", por lo que su exclusión se hizo "en debida forma" y rechaza que los cálculos realizados por la compañía para asegurar la viabilidad del servicio desdigan el criterio manifestado por la Generalitat.
Un contrato 'trastabillado'
A pesar de la urgencia manifestada por la Generalitat Valenciana en tramitar el nuevo contrato de gestión para el centro de la capital del Alto Palancia, lo cierto es que tardó tres años en acabar adjudicándose. Uno de los principales motivos fue la pandemia en marzo de 2020, cuando la Conselleria suspendió el procedimiento cumpliendo con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Dos meses después lo reanudó aunque sufrió un nuevo revés en marzo de 2021 cuando tras conocerse ya las ofertas y su valoración la Conselleria cambió los componentes de la mesa de contratación y reconoció que se habían producido "problemas técnicos que han retrasado la resolución". Ello, sumado a los retrasos por la disputa abierta por Eulen ante el Tribunal de Recursos Contracturales, motivó el retraso que mantuvo en manos de Eulen la gestión del centro durante todo ese tiempo de manera interina.
