CASTELLÓ. El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, ha exigido al equipo de gobierno que, ante la continuidad y la implantación de la Zona de Bajas Emisiones en otras zonas de la ciudad, se refuere y amplíe la campaña informativa que se envía a cada domicilio.
Garcia ha afirmado que "recibir una carta dos semanas antes de que empiecen las obras no es suficiente para el vecindario" y ha añadido que "es crucial tener la oportunidad de reaccionar y minimizar el impacto". Como propuesta, desde la formación valencianista plantean que "es necesario enviar una comunicación a cada domicilio con dos meses de antelación para explicar en qué consistirán las obras, cómo les afectarán y cómo quedará su calle". Un hecho que, de acuerdo con el portavoz, "permitiría que los vecinos conozcan las alternativas disponibles y se preparen adecuadamente".
Respecto a la implantación de la ZBE, hay que recordar que el pasado noviembre, "el Defensor del Pueblo informó sobre el inicio de actuaciones de oficio a Castelló y a otras cuatro ciudades valencianas para incumplir, de diversa manera, la Ley de Cambio Climático", que obliga en las ciudades de más de 50.000 habitantes a delimitar zonas de bajas emisiones con restricciones para la entrada de los vehículos más contaminantes, para mejorar la calidad del aire a través de la reducción de gases y partículas a la atmósfera. Una investigación se pone en marcha, entre otros de otros casos, en aquellos municipios donde los ayuntamientos han anunciado la reversión de las ZBE ya iniciadas, como es el caso de Castelló, poniendo en riesgo los fondos europeos recibidos para impulsar la movilidad sostenible.
Por otro lado, Garcia ha señalado que la Zona de Bajas Emisiones responde a criterios de sostenibilidad, reducción de emisiones y contaminación acústica y ha puesto en entredicho que Begoña Carrasco tenga la voluntad de continuar con el proyecto que empezó el gobierno de Fadrell. "Que el PP asuma los postulados de Vox que niegan el cambio climático y estén en contra de la agenda 2030 supone un riesgo en la lucha contra el cambio climático y en las inversiones para la ciudad", ha lamentado el portavoz.
