VALÈNCIA. Los desajustes presupuestarios provocados por la irrupción de la pandemia de coronavirus en el año 2020 todavía no son historia. El Ayuntamiento de Castelló debería devolver al Gobierno 6,4 millones de euros que recibió de más del Gobierno durante aquel año. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha decidido perdonar a todos los consistorios esta deuda, generada por la situación excepcional vivida durante ese ejercicio.
Antes de empezar cada año, el Ministerio hace una estimación del dinero que le corresponde a cada ayuntamiento del sistema de financiación municipal. Una vez superado el ejercicio, el Gobierno ajusta las cuentas en función de la recaudación estatal real: los consistorios que hayan recibido más de lo que debían, han de devolver la diferencia; y viceversa. Pero en 2020, se dio un panorama singular por la pandemia: la menor recaudación del Gobierno ha hecho que prácticamente todos los ayuntamientos tengan que devolver importantes sumas de dinero a las arcas estatales.
Así pues, en el caso de la ciudad de Castelló de la Plana, y según los datos del ministerio que dirige María Jesús Montero, el consistorio recibió del sistema de financiación de entidades locales 41,4 millones de euros. Pero una vez el Gobierno central ha realizado la liquidación definitiva de aquellos saldos, al Ayuntamiento le habría correspondido un 16% menos, más de 34,9 millones. Una diferencia de unos 6,4 millones de euros que debería devolver al Estado.
Son diversos los conceptos del sistema de financiación municipal, que consta por una parte de transferencias mensuales a los ayuntamientos por impuestos como el IVA, el del tabaco o los hidrocarburos, entre otros, además de un fondo complementario de financiación para que puedan atender otras competencias.
Así, por ejemplo, el Gobierno transfirió al consistorio de Castelló 3,3 millones de euros en concepto de recaudación del IVA; pero al bajar la recaudación, le habrían tocado 900.000 euros menos. O por los impuestos a los hidrocarburos, por los que el Ayuntamiento ingresó casi medio millón de euros, de los cuales ahora debería devolver 250.000 euros. Por contra, ingresó 3,7 millones por el IRPF, 330.000 euros menos de lo debido. La suma de todas estas diferencias constituye la liquidación final, que al consistorio, como a todos los ayuntamientos, le sale a pagar.
Ocurre algo similar con el resto de ayuntamientos. El de Alicante, por ejemplo, recibió del Estado 83,6 millones de euros, de los que debería retornar 13,3, especialmente por el 'extra' que recibió del fondo complementario de financiación y de impuestos como el IVA, a los hidrocarburos o al alcohol y al tabaco. En València ocurre lo mismo. Por su parte, el agujero llega a 58,7 millones de los 369 que ingresó por parte del Gobierno aquel año.
Pero finalmente, el Gobierno estatal 'perdonará' estas deudas. De hecho, el Ministerio de Hacienda emitió la pasada semana una nota informativa donde explicaba que la liquidación de los ayuntamientos "ha tenido un resultado global negativo para las entidades locales" por "la reducción de recaudación en los tributos del Estado del año 2020 derivada de la situación pandémica". Y en ella, subrayaba que "dado lo excepcional de la situación", los presupuestos de 2022 contemplaban una "dotación adicional" para compensar este agujero de los municipios.
Una partida presupuestaria extraordinaria que alcanza los 732 millones de euros en total y que se pretende transferir a los consistorios en el mes de diciembre de este año. Su objetivo, según reza la misma nota del ministerio, es que el resultado de la liquidación "resulte financieramente neutral para todas aquellas entidades locales" que tenían que devolver dinero por el desajuste económico de 2020.
Además, el Gobierno ha anunciado que ampliará esta aportación adicional a años posteriores, siempre que correspondan a liquidaciones negativas de 2020 e incorporará una partida en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 por un importe de 1.682 millones de euros con esta finalidad.
