Los responsables de Golf Sant Gregori, el día de la firma del acta de replanteo (Foto: ANTONIO PRADAS)CASTELLÓ. Urbanización Golf Sant Gregori (UGSG) afronta la última fase para comenzar la urbanización del PAI de Burriana con una deuda de 16 millones de euros. No es una mala cifra si se tiene en cuenta que la sociedad cerró el año 2017 con un pasivo de más de 47 millones.
El momento clave para dar este salto en pos de su viabilidad se produjo el año pasado. Concretamente el 5 de diciembre de 2018, cuando el juez encargado de regir el concurso de acreedores en que se encontraba inmersa la promotora aceptó el convenio propuesto por los nuevos propietarios de UGSG, que incluía una quita de 31,3 millones de euros, y que fue aceptada por las entidades financieras.
Es decir, los acreedores (fundamentalmente Bankia, Banc Sabadell, Banco Santander y BBVA) asumieron exactamente dos tercios de la deuda de la compañía con el fin de tratar de recuperar el resto del dinero que habían invertido en la financiación del proyecto.
De esta manera, en virtud del acuerdo de refinanciación, la deuda a corto plazo de UGSG pasó de casi 46 millones de euros a 5,7 (casi todo en manos de acreedores comerciales), mientras la deuda a largo plazo se incrementó de 1,5 a 10,5 millones. Todo un soplo de aire fresco.
Con todo ello, la promotora del PAI burrianense -"un complejo turístico residencial que gira en torno a un campo de golf, siendo la superficie de la actuación de 2,5 millones de metros cuadrados dispuestos frente a una fachada marítima de más de 2 kilómetros", como recoge el informe de gestión que acompaña a las cuentas de 2018- cerró el pasado ejercicio con unos beneficios de 33 millones de euros.
Estos fueron destinados íntegramente a compensar las pérdidas de todos los ejercicios anteriores, de 42 millones. Estos balances negativos continuados fueron los que llevaron a sus administradores a solicitar el 30 de diciembre de 2014 el concurso voluntario de acreedores, algo que fue dictado el 3 de febrero de 2015.
Fue durante ese proceso cuando la administración concursal determinó el valor de los terrenos en manos de UGSG, que asciende a 30,5 millones de euros. Estos terrenos son solo una parte del total de los 2,5 millones de m2 del PAI y en las cuentas están gravados con unos deterioros de 24 millones. Esta minoración se debe a que, al cierre de 2018, la promotora todavía no había recuperado su condición de agente urbanizador, algo que logró el pasado mes de mayo.
De esta manera, y tras gastar casi 7 millones de euros en los proyectos que había llevado a cabo hasta el cierre de 2018, la compañía tan solo espera la aprobación del modificado, el que lo ajustará a la legalidad actual, para licitar las obras de urbanización, algo que de todos modos todavía se demorará varios meses.
Como anécdota, las cuentas recogen el curioso nombre con que nació la sociedad, que fue constituida "con la denominación Distribución Alimentos y Embutidos Valencia, SL por un periodo de tiempo indefinido mediante escritura pública el 19 de diciembre de 1992". Pasados nueve años, "el 15 de noviembre de 2001 se transformó en SA y cambió su denominación por la actual".
