Foto: EP / CONTACTO / ALBERTO GARDINFinalizadas las XIII y XIV Legislaturas y ya superado –con creces– el primer año de la XV (23.06.2023), el abandono hacia nuestra Comunidad de tu Ejecutivo Central está siendo manifiesto. La objetividad de los números invalida tantas y tantas declaraciones y promesas falaces e incumplidas.
Como representante de un colectivo empresarial dedicado mayoritariamente a la ejecución de Obra promovida por las Administraciones Públicas, tanto de Infraestructuras como Edificación y Equipamientos, no pretendo invadir parcelas, y menos tomar partido –institucionalmente– por una u otra opción política, salvo que como con frecuencia viene ocurriendo por parte del Gobierno Central, con sus acciones, omisiones, imposiciones y credos, invadan, delimiten y cercenen la expansión de nuestra actividad económica, creadora de riqueza, empleo y bienestar, y condenen a los valencianos de nuestra Comunidad, del Sénia al Segura, a ser ciudadanos de tercera clase de la Liga Autonómica española.
Cumplido ya sobradamente el primer año (17 julio 2023) de la toma de posesión del presidente Carlos Mazón, donde anunció las líneas maestras de la XI Legislatura de la G.V. muy volcada en mantener los gastos asociados a las atenciones Sociales, una reducción de las consellerias, una eliminación de duplicidades en Entes Públicos, Fundaciones, Agencias y Observatorios varios, una bajada de impuestos con eliminación del de Sucesiones y una reconsideración sobre el Patrimonio… y anunció por el contrario – permíteme presidente, con nuestra desaprobación y desasosiego, un importante recorte de inversiones, priorizando el gasto social ante una enjuta Tesorería.
Presupuestos de la G.V. para el 2024, que alcanzan 29.732.195.300 €, cifra que junto a los Organismos Autónomos, Entes de Derecho Público y Sociedades Mercantiles, Consorcios y Fundaciones, da un Presupuesto Consolidado de 31.521.907.930 €. Transcurrido ya el primer año de Legislatura de la Generalitat, es oportuno destacar varias singularidades que ya están marcando una hoja de ruta.
Tras la Conselleria de Sanidad que cuenta con el mayor presupuesto, de 8.258.826.000€ y previa a la de Educación, Cultura, Universidades y Empleo con 6.787.682.930 €, se nos cuela una ya vieja conocida Conselleria nº 10 que, sin funcionarios asignados, da soporte al Servicio de la Deuda y asciende a 7.948.729.700 €, un 20% superior a lo previsto en el 2023. Según informe de la AIReF, somos la región más endeudada, debíamos 57.676 millones de euros, un 42% de nuestro PIB. Cada Valenciano, aparte de la p.p. deuda de la Administración Central española, que nos corresponde, debemos otros 10.842 €/ habitante. Seguimos igualmente a la cola de financiación por habitante, según Ministerio de Hacienda AIReF y el Ivie, en el año 2022 cada valenciano recibimos del Gobierno de Sanchez & Montero 2.691 €/cápita, frente a una media de las CCAA del régimen común de 2.934 €/cápita. Igualmente la Renta per cápita en la Comunitat alcanza 26.049 €/habitante frente a la media española de 29.704 €, los 34.729 € de un catalán o 38.435€ de un madrileño.
Recordemos al respecto, que el pasado 15 de julio tuvo lugar en Madrid la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a donde acudió nuestra consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino. La reunión presidida por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, acabó tal como se inició, con vagas promesas y sin tratar la singularidad e infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana y que, previamente a la reunión, la consellera Ruth Merino le había recordado por escrito, tratarlo y resolver nuestros menosprecios, a saber: Estamos de 8 a 10 puntos por debajo de la media de financiación de la totalidad de las CCAA del régimen común; debe condonársenos la deuda causada por la infrafinanciación, que supone hasta un 80% de nuestra deuda total. Estamos hablando de unos 43.000 millones de euros; Como queda evidenciado en nuestros Presupuestos Autonómicos, la Deuda, reflejada en Conselleria (la nº10) nos supone un coste de 7.948 M€./año 2024; aparte de los pagos de la amortización y reposición de la deuda, para poder seguir dando servicio a los valencianos, los intereses que pagaremos en 2024 supondrán unos 900 millones de euros… que se han más que duplicado entre 2023 y 2024, y la tendencia es a seguir subiendo. En el 2025 de no mejorar nuestra financiación por parte del Estado Central pueden alcanzar los 1.000 y pico millones.
En todas las CCAA del régimen común, el gasto en sanidad, educación y prestaciones sociales es predominante (75-90% del gasto total) y dada la estrecha correlación entre tal gasto y la población, la variable “población ajustada” debe ser la variable de reparto esencial. Por ello, y poder garantizar el principio de igualdad, los Servicios Públicos Esenciales (Sanidad, Educación y Bienestar Social) deben estar satisfechos en igualdad de condiciones para las CCAA de forma que en las liquidaciones definitivas No exista un margen superior al +/- 2% de financiación per cápita ¡hay que financiar a las personas, no a los territorios! entre las mejor y peor financiadas. Ante tal intolerable maltrato en lo financiero, ha llevado a que la Consellera de Hacienda, Ruth Merino, manifestara que el porcentaje de ejecución presupuestaria del Consell es pírrico, la deuda nos desborda y la liquidez de la Generalitat desciende a niveles subterráneos. El responsable de este panorama que borda el apocalipsis –según palabras de la Consellera– es el Gobierno Central, que persiste en una Infrafinanciación a la Comunidad Valenciana, e igualmente agravado por el modo poco ortodoxo que gestionaba el anterior Gobierno del Botànic las finanzas públicas. La cuenta 143, que es la que recoge a los "acreedores por operaciones pendientes de aplicar a los presupuestos" alcanzaba todavía, a 2 de julio 2024, los 2.500 millones de euros.
Consecuencia de lo anterior, vemos como la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, prioritariamente inversora, con sus sólo 633.552.380 € de presupuesto, es la más perjudicada. Sus recursos son un -33’9% menores frente al 2023. Como empresarios y motores de la economía y empleo, valoramos muy negativamente que las inversiones reales del Sector Público, con 1.228,615 M€ sean un -35% frente al 2023 Ante esta situación, desde el Sector Empresarial ¡Clamamos! Por acudir a la Licitación/Concesional Colaborativa, para cometer las Infraestructuras de transportes ferroviarias/tranviarias (FGV) como las Infraestructuras de Depuración y Reutilización incluyendo su uso en la Agricultura y aportaciones a la Albufera. (implantar los 44 sistemas terciarios actuales, a las 487 EDARs dependientes de la EPSAR y dotarlas de energía fotovoltaica, por su menor coste para la agricultura)… y sobre todo para Infraestructuras Sociales (Sanitarias – ampliación/nuevos hospitales; Bienestar Social; Dependencia y Enfermedades raras/ psíquicas, etc.–; Proyecto y Construcción, explotación colaborativa/mixto/Concesional, licitado con Eficacia, Transparencia, Concurrencia, Publicidad y Control de Cumplimiento a lo largo de todo el proceso.
Puesto que estamos infrafinanciados, deberían ser las inversiones de la Administración Central (AGE) en la Comunidad Valenciana, un incentivo obligado para activar nuestra economía. Desconozco si nuestros valencianos de a pie y toda la clase política son conocedores de la Modificación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana aprobada por el Pleno de les Corts 09/03/2019 y recogida en la Ley Orgánica 3/2019 de 12 de marzo (DOGV nº 8505 y BOE nº 62 de 13 de marzo 2019) que mandata:
La Generalitad participará de las decisiones sobre Inversión del Estado en la Comunidad Valenciana, que será equivalente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 138 de la Constitución al peso de la población de la Comunidad Valenciana sobre el Conjunto del Estado por un periodo de 7 años mínimo. Con esta finalidad se constituirá una Comisión integrada por la Administración Estatal (AG)Autonómica (GV y Local).
Ante este mandato Estatutario y Ley Orgánica, la realidad es muy, pero que muy distinta. Según la IGAE Intervención General de la Administración del Estado, la ejecución presupuestaria del MITMS que dirige Óscar Puente, durante el año 2023 y en lo referente a la Comunidad Valenciana alcanzó tan sólo el 56,45 % de lo presupuestado. ¡Dejó de ejecutar el 43,55% de lo presupuestado y prometido!
La relación adjunta es muy significativa sobre la real Ejecución Presupuestaria en Infraestructuras 2023: Murcia: 217,9%; Madrid: 211,92%; La Rioja: 133,72%; Baleares: 126,4%; C. La Mancha: 115,54%; C. León: 105,16%; Aragón: 103,28%; Galicia: 99,43%; Navarra: 98,69%; Extremadura: 96,86%; Canarias: 78,82%; País Vasco: 65,08%; Asturias: 64,32%; Cantabria: 63,36%; Andalucía: 60,6%; (*) C. Valenciana: 56,45% (de los 1.236 M€ presupuestado, tan sólo 702 M€ se han ejecutado).
La ineficacia, ineficiencia de la Administración Central en cuanto a cumplimiento de objetivos (diferencia entre lo Presupuestado anualmente, y lo verdaderamente invertido y ejecutado sería intolerable en cualquier empresa y/o organización privada…) la llevaría a la desaparición o quiebra... ¿pero qué digo? Esa es la situación de nuestra Administración Central!! Ante ello nuestro Gobierno Autonómico de la Generalitat, clase política y Sociedad civil deberíamos ser más contundentes en nuestras y exigencia y, por qué no, salir a la calle en manifestaciones públicas, pacíficas. y multitudinarias del pueblo valenciano frente el Gobierno Central… evidenciando que “nos maltrata doblemente”, en infrafinanciación y en infranversiones, apoyando al presidente Carlos Mazón en sus peticiones.
A través de la Metodología SAM (Social Acounting Matrix) o matrices de Contabilidad Social, hemos cuantificado la contribución de la Obra Civil en términos de PIB, a la creación de puestos de trabajo a tiempo completo (PTTC) y a la recaudación fiscal en España.
Tomen nota nuestros gobernantes que cada millón de € invertidos en obra civil, genera 780.571 € en PIB de forma directa, indirecta e inducida.
Genera en la economía española 11,60 empleos a tiempo completo (ETC) directo, y casi 3 empleos a tiempo completo, indirectos, en el conjunto de la economía.
Igualmente, por cada millón de euros en inversión se recaudan fiscalmente 263.366 € en el conjunto de la economía (Suma de Cotizaciones a la Seguridad Social (CSS); IRPF; Impuesto de Sociedades (IS) e Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) ¡Sanchez estás agotando nuestra paciencia!
Manuel Miñés Muñoz es director-Gerente- CEO de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana
