VALÈNCIA (EFE). La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) ha advertido de que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas debe 40 millones de euros a residencias privadas y empresas gestoras.
“Hay muchas facturas del mes de noviembre de 2021 todavía sin pagar, lo que está provocando grandes problemas a las entidades que atienden a estas personas”, ha indicado en un comunicado el presidente de Aerte, José María Toro.
Esta situación es "muy grave y no se debe a la carencia de fondos, ya que estos pagos podrían haber entrado en el FLA del pasado 30 de mayo, sino a una retrasada gestión administrativa que impide que las facturas se contabilicen adecuadamente. Esto es intolerable”, ha asegurado.
Según Toro, el concurso de 3.300 plazas residenciales de personas mayores, el primero que llevó a cabo la Conselleria que dirige Mónica Oltra, venció el 31 de agosto de 2021 y el que lo sustituye, de 7.100 plazas, está actualmente en la fase de apertura de sobres y se espera que entre en vigor el 1 de septiembre de 2022, "con un año de retraso".
Al mismo tiempo, ha añadido, muchos centros de servicios sociales de titularidad pública y que son gestionados por entidades privadas "se encuentran en la misma situación, sin contrato, con la obligación de seguir prestando el servicio y con retrasos en el cobro de las facturas correspondientes a dichos servicios".
Según ha indicado, este retraso administrativo está provocando un atraso en los pagos, ya que no se han cobrado facturas correspondientes a servicios prestados de noviembre del 2021 en adelante.
Al no existir contrato en vigor, se debe pagar a través de un expediente de resarcimiento, que debe ser aprobado por el Consell, lo que dificulta y alarga el periodo de cobro de estas facturas.
El importe de la deuda acumulada por el concurso de las 3.300 plazas asciende a 27 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 13 correspondientes a las gestiones integrales, lo que sitúa la deuda en torno a los 40 millones, ha afirmado el presidente de Aerte.
"Esta situación se está volviendo insostenible y pone en una situación financiera muy complicada a las empresas que prestan el servicio a estas personas en situación de dependencia", ha concluido.
Las modificaciones respondían a la necesidad de mejoras en Colón 80 como centro de valoración de discapacidad antes del cambio de planes de Vicepresidencia
