Al final ha ocurrido: Pedro Sánchez ha logrado su investidura, en primera ronda, con una mayoría absoluta de 179 escaños. En contra, los 171 escaños del PP, Vox y UPN. Un 51% pelado contra un 49%, a primera vista, por eso es importante recordar que esos 179 escaños representan a 12.610.939 de votos frente a los 11.270.025 de votos de la oposición, lo que hace un 53% del voto representado. A la coalición gubernamental cada escaño le cuesta 70452 votos, a la oposición solo 65906. Esto es porque los votos de unos españoles valen más que los de otros, aunque eso no parece incomodar a quienes tan preocupados están ahora con “la igualdad de todos los españoles”.
Con una coalición tan inestable, donde dos socios gubernamentales necesitan a otros seis en el Congreso, se intuyen maratonianas negociaciones para cada reforma menor. (Quizás alguien metería aquí también el hecho de que el Senado está en manos de la oposición – pero el Senado da igual, su único propósito en nuestro sistema político es permitirle al 20% más conservador de la sociedad vetar cambios constitucionales que no le gustan). Bueno: pero es que… ¡en eso consiste una democracia parlamentaria, en buscar un punto de encuentro entre gente diversa! La fantasía de algunos de una mayoría absoluta para pasar el rodillo de las “reformas necesarias” (que es la forma de disfrazar “las reformas que yo quiero”) es, en el mejor de los casos, despotismo ilustrado. En el peor, una tiranía abierta.
La legislatura nace, además, bajo el signo de la amnistía. Amnistía necesaria para borrar los efectos de una intervención policial, la del 1-O, que nunca debió producirse, y para reparar los efectos de un juicio, el del Procès, que desde el principio escapó a cualquier pretensión de justicia y se convirtió en un juicio político. Que el PSOE no haya visto necesidad de arreglar esto hasta que necesitó los votos de Junts es otro de los oportunismos de Sánchez, pero no quita que sea quizás la única herramienta que puede resolver el entuerto.
La intervención policial fue desproporcional e inútil: criminalizó a mucha gente y no logró ni por asomo impedir el referéndum. Tiene todo el sentido amnistiar a ciudadanos sobre los que ha caído con toda su contundencia un Estado que dispone de abundantes instrumentos jurídicos para que los ciudadanos hagan el pino puente cuando se les ordena desde las alturas. Y, además, de no haber intervenido, tampoco habría habido consecuencias: el 9/11/2014 Artur Mas ya organizó otro referéndum, y no pasó nada. ¿Por qué en 2017 hubo intervención policial y en 2014 no? La respuesta es bastante pedestre… y totalmente política: en 2014, el gobierno del PP tenía una sólida mayoría absoluta, sin rivales dignos de tal nombre en su lado del espectro político. Para 2017, ya había aparecido Ciudadanos (y Vox, aunque aún sin representación). El referéndum, no reconocido internacionalmente por nadie, era puro teatro político, pero el PP temió que las imágenes de independentistas votando y celebrando le hicieran parecer débil y diesen gasolina a sus rivales más a la derecha. Mariano Rajoy hizo entonces la fatídica promesa “les aseguro que no habrá ningún referéndum”, y mandó a la policía, con los efectos conocidos.
(Dirá alguno que el error fue no intervenir en 2014 porque los independentistas se vinieron arriba. Fíjense si se tomaron su referéndum en serio y se vinieron arriba que… ¡organizaron un segundo referéndum! Aquí, se ve, ya hubo que intervenir porque si no los independentistas habrían sido capaces -Dios nos libre- de convocar un tercer referéndum y todo.)
En cuanto al juicio, ¿significa esto que los dirigentes independentistas son inocentes? Veamos: cada dirigente ha sido acusado de una plétora de delitos, tales como desobediencia, malversación o prevaricación. Hasta es posible que sean culpables de alguno de estos delitos – y a la vez es totalmente irrelevante. Me explico: si a Pepito le acusan de robar una gallina, es muy importante que eso se juzgue, y llegado el caso que se le condene, de eso no cabe duda. Ahora bien: si el guardia civil del pueblo, el fiscal y el juez se juntan, deciden que Pepito es un tocapelotas que les cae mal y que ya va siendo hora de hacer un escarmiento y freírle a l’ast, y a la acusación de robo de gallina añaden otra de haber matado a Manolete – pues a partir de ese momento, efectivamente, si Pepito robó la gallina resulta irrelevante. Ya no se trata de gallinas, se trata de retorcer la justicia, y de libertades y derechos fundamentales. Es más, incluso en el caso de que Pepito efectivamente hubiese robado dicha gallina, ¿alguien cree que con dicho guardia civil, dicho fiscal y dicho juez todavía va a tener un juicio justo después de esto?
En el juicio del Procès, también tenemos una muerte de Manolete. Porque los otros delitos, de los que bien pudieran ser culpables, tienen penas comparativamente bajas (porque el Código Penal aprobado por nuestros políticos prevé penas leves para delitos que solo pueden cometer los políticos, ¡qué cosas!). A lo sumo, y con buena conducta, al año y pico habrían salido de prisión, habrían sido celebrados como mártires, y en tres años, cuando acabara la inhabilitación, de vuelta en cargos públicos. Se ve que ciertos actores dentro del Estado decidieron que eso era poco y que había que hacer una escabechina para acobardar y dejar claro quien manda, y buscaron la acusación más dura posible: el delito de rebelión (hasta 30 años), tan extravagante que ningún país europeo quiso extraditar a los exiliados, y posteriormente los propios jueces la rebajaron a sedición. Pero cumplió su objetivo: merced a ella, los acusados fueron juzgados ante el Tribunal Supremo en vez de ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se les privó de su juez natural, razón suficiente para anular un juicio.
La oposición a la amnistía, claro, ha sacado toda una batería de argumentos en contra. Principalmente, que esto quiebra la igualdad ante la ley. Bueno, igual que los indultos, que sin embargo nunca se han cuestionado y que el PP usa profusamente cuando gobierna. Aznar indultó a 1443 presos en el año 2000 sin más justificación que era Año Jubilar y Juan Pablo II lo había pedido. De hecho, todos los delitos traen de fábrica su propia “amnistía”, pues todos prescriben al cabo de un tiempo.
Otros dicen que las amnistías solo son justificables en situaciones de transición, pero no en democracias plenas. Falso: Portugal acaba de aprobar una amnistía para jóvenes, Alemania acostumbra a “amnistiar” a presos justo antes de Navidades si su sentencia está cercana a su final, y Francia ha emitido varias desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahí están las tres amnistías fiscales de nuestra democracia.
También, se afirma que el Derecho Internacional Humanitario se opone a las amnistías. En realidad, el DIH solo se opone a amnistías para crímenes contra la humanidad – lo cual claramente no es el caso aquí, pero sí lo era en la amnistía de 1977, que la oposición sin embargo considera sacrosante e intocable (aunque la Alianza Popular de Manuel Fraga no la apoyó – ser de derechas es apuntarte a todo con 20 años de retraso para ser luego más papista que el Papa). Por cierto, muy curioso el argumento de que “es que la amnistía de 1977 benefició a los dos bandos” – yo juraría que solo un bando estaba en la cárcel en ese momento.
Finalmente, la acusación de que la amnistía es “inconstitucional”. Esta es la más extraña: si lo es, pues el Tribunal Constitucional la dejará sin efecto, ¡y todo resuelto, nada de que preocuparse! “Es que el TC está politizado y en manos de Sánchez”, argumentan entonces los mismos. A ver: la politización de la justicia efectivamente existe, pero entonces esa objeción también vale para el Tribunal Supremo que condenó a los independentistas. Lo de “las sentencias que me gustan son justas, y las que no, están politizadas” no cuela.
Todo esto son argumentos que se escuchan en todo el mundo antes de cada amnistía, y la cosa siempre acaba igual: mucho crujir de dientes, asunción a la chita callando, y en cuatro años, cuando el PP le ofrezca un pacto goloso a Junts (¡si Feijóo en su desesperación hasta intentó negociar con ellos en agosto!), nadie se acuerda. Hasta las elecciones europeas de junio toca fingir indignación porque si no Vox les come la tostada, pero en el largo plazo el PP sabe que necesita un plan B si no hay mayoría absoluta, y eso siempre incluirá algún pacto con la enésima encarnación del Pujolismo.
Si esta va a ser la legislatura de la amnistía, eso puede afectar de dos maneras a su duración, sobre la que se admiten todas las apuestas: aprobar ahora la amnistía, y aguantar el mayor tiempo posible hasta que esté olvidada… o esperar a que llegue una sentencia del TSJUE declarando nulo el juicio del Procès, y convocar inmediatamente elecciones entonces. Frente a un PP que no sabrá qué decir, y un Vox exigiendo a espumajos la salida de la UE, el PSOE como representante del centro y la mesura lo tendría hecho, a poco que la economía vaya bien.
Resulta hasta tierna la ilusión con la que PP y Ciudadanos (en el Europarlamento todavía existen) han apelado indignados a las instituciones europeas y a la opinión pública internacional. Las mismas instituciones y la misma opinión pública que llevan seis años negándose a extraditar a los políticos exiliados, y que ahora mismo están inmersas en una guerra en Ucrania mientras ven a Vox manifestarse en la Gran Vía de Madrid de la mano de Tucker Carlson, excelso putinista. La política siempre está en marcha, también en Bruselas. Y Bruselas juega a favor de Sánchez. Normal que ante las protestas Sánchez haya enviado, sin que nadie se lo pidiese, el anteproyecto de ley a Bruselas, y que allí no hayan visto nada malo.
Las amnistías no hacen bonito: emborronan la mística del sistema de Justicia, La-Ley-es-igual-para-todos… pero se siguen usando igual, porque son un instrumento político muy útil para salir de ciertos impasses. Lo han sido siempre, y lo serán en el futuro, no lo duden. Tacharla de “golpe de estado” y “dictadura” es una verdadera farsa. Lo que sí es -pero no se dice-, es una desautorización en toda regla al monarca, cuyo discurso tres días tras el referéndum (cuando aún no había ni declaraciones de independencia, ni sentencias, ni siquiera acusaciones,) afirmaba que las autoridades de Cataluña “de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia”. Parece evidente que ciertos actores dentro del estado se vieron envalentonados por estas palabras. No sabemos qué nos trae el futuro – pero es muy probable que los historiadores del año 2100 señalarán a ese discurso y esa frase como el principio de algo.