La Administración duplica la licitación de obra pública en Castellón en el año del coronavirus
6/02/2021 -
CASTELLÓ. La licitación de obra pública volvió en Castellón, en el año del coronavirus, a registros de épocas pasadas. Las tres patas de la Administración pública (Estado, Generalitat y ayuntamientos y Diputación) incrementaron sus montantes, hasta alcanzar, en conjunto, los 257,8 millones de euros, según las estadísticas de la patronal de la construcción Seopan.
La cifra supone más del doble del año anterior (120,3 millones) y para alcanzar un registro similar hay que retrotraerse hasta 2010 (231,3 millones), siendo en ejercicios precedentes las cifras mucho mayores. Eso sí, en aquellos años muchos concursos se desarrollaron en base a la fórmula de pago aplazado.
En lo que se refiere estrictamente a las cifras, 2020 fue un año bueno para la obra pública en Castellón. El Estado sumó 24 millones de euros a los 32,5 con que cerró 2019. Las administraciones locales castellonenses licitaron en 2020 concursos por valor de 86,8 millones, lo que supone incrementar en otros 24 la cifra del año anterior. Y la Generalitat dio un gran salto, al pasar de los 25,3 millones de 2019 a los 114,3 de 2020.
La clave, la conservación de carreteras
Pero un análisis más detallado desvela varias cuestiones clave. No en vano, solo en diciembre, la Generalitat licitó proyectos en las comarcas castellonenses por valor de 102,5 millones, más que en cualquiera de los nueve años precedentes... completos.
Esto se debe al contrato de mantenimiento de carreteras de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, que salió a licitación el pasado 3 de diciembre con un valor de 92,2 millones de euros. Este contrato tiene un plazo de ejecución de cuatro años, por lo que no será al menos hasta 2025 (si no hay prórrogas) cuando vuelva a salir a concurso.
Así, de no ser por este megacontrato de conservación de los tres lotes en que se dividen las carreteras competencia de la Generalitat en las comarcas castellonenses, la Generalitat Valenciana hubiera licitado un importe menor al de 2019.
Eso sí, buena parte del incremento de las administraciones locales viene derivado del Pla Edificant, con el que son los ayuntamientos los que tramitan la construcción de nuevos centros educativos que posteriormente abona la Conselleria de Educación.
Mantenimiento de la AP-7
En lo que se refiere al Estado, el incremento también viene derivado del mantenimiento de sus carreteras, en este caso de la AP-7, un contrato que licitó en mayo y que en diciembre, un año después de la liberalización de la autopista, adjudicó a Sacyr.
Como obras nuevas, por parte del Estado destaca el concurso, en enero, de la mejora de la N-238, que sirve de acceso a la AP-7 desde Vinaròs, una obra que adjudicó en octubre a Pavasal.