El pleno de este martes aprobó la propuesta de Plan General Estructural. (Foto: ANTONIO PRADAS)CASTELLÓ. El urbanismo en la Marjaleria de Castelló es un problema enquistado desde hace décadas que de forma recurrente salta al debate municipal. Con la aprobación de la propuesta del Plan General Estructural (PGE) esta semana, y a las puertas de unas elecciones municipales, han vuelto a aflorar las discrepancias en torno a la situación en la que quedan las 5.000 viviendas de la zona. El propio Consell Social de la Ciutat recomienda en un informe emitido a mediados de 2018 que el planeamiento urbanístico sea "sensible a la problemática social y ambiental que arrastra" y pide "no generar expectativas infundadas ni crear situaciones de conflicto con sus habitantes".
Las asociaciones de vecinos de Plana Entrilles y de la Marjaleria ya han anunciado su pretensión de recurrir a los tribunales el PGE. Piden la legalización de las viviendas construidas hasta ahora y la prestación de servicios mínimos en las residencias que aún no disponen de luz y agua corriente. Unas reivindicaciones históricas que ahora el PP ha capitalizado.
Su portavoz municipal, Begoña Carrasco, que este martes abandonó el pleno sobre el PGE junto al resto de ediles populares y de Ciudadanos en señal de protesta, se ha comprometido a aprobar un nuevo plan especial si llega al gobierno "para poder desarrollar por fases las inversiones y servicios públicos que demandan los vecinos de la Marjaleria". La alcaldable ha lanzado esta propuesta electoral pese a que el plan especial aprobado en 2006 por el Ejecutivo local del PP no llegó a desarrollarse y la Conselleria de Infraestructuras ya señaló en su día que el urbanismo de la Marjaleria debía quedar integrado en el planeamiento general de la ciudad.
El PGE, que está en fase final de tramitación, aboga por compatibilizar la preservación ambiental de la zona con las edificaciones existentes. Para ello, establece la clasificación del suelo en cinco tipos diferentes.
Hay áreas inundadas con enclaves naturales que se pretenden preservar y es aquí donde se plantea la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección. Por otra parte, el suelo no urbanizable protegido se aplica a los terrenos que aún conservan valores naturales que conviven con viviendas o casas de aperos diseminadas. En este caso se permitirán las obras de mantenimiento, pero no ampliaciones o nuevas construcciones.
Los terrenos que se incluyen en la categoría de no urbanizable común son aquellos denominados espacios de transición y otros colindantes a los más habitados que se excluyen del ámbito de suelo urbano. También se respetan las edificaciones existentes y se permiten obras de conservación pero no ampliaciones o nuevas construcciones.
En los ámbitos de minimización de impactos, las viviendas existentes podrán ser legalizadas mediante la solicitud de licencia de obra. Al igual que en los casos anteriores, se permiten las obras de mejora pero no nuevas edificaciones.
Por último, en suelo urbano ámbito Marjal se consideran las agrupaciones de viviendas que coinciden con las actuaciones integradas en suelo urbano previstas en el Plan Especial de la Marjaleria, un documento que quedará integrado en el Plan General.
El informe emitido por el Consell Social de la Ciutat formula también otras recomendaciones sobre la propuesta preliminar del Plan General. Entre ellas, pide que se contraste la superficie que ofrece suelo para vivienda y para actividades económicas con los estudios de necesidades de que se disponga.
Además, aconseja preservar la franja litoral de los procesos edificatorios y que se incorpore como criterio en las directrices relativas a la calidad de vida de la ciudadanía en la ordenación.
El documento propone también el mantenimiento del paisaje de la huerta de Castelló, así como la mejora de zonas degradadas tanto a nivel social como habitacional.
La tramitación del PGE sigue su curso tras aprobarse este martes en pleno la propuesta del plan modificada en virtud de las alegaciones estimadas. El Ayuntamiento de Castelló la remitirá a la Conselleria de Medio Ambiente para que formule la declaración ambiental y territorial estratégica. Posteriormente, el documento volverá a someterse a exposición pública abriéndose así un nuevo periodo de alegaciones.
