CASTELLÓ. El Acord de Fadrell va camino de vivir su enésima discrepancia interna en el Ayuntamiento de Castelló. En esta ocasión, a cuenta de la reforma de los estatutos del Hospital Provincial. Al menos, así los interpretaron este lunes algunos de los grupos de la oposición en la Junta de Portavoces, donde se trataron las propuestas que se votarán en el pleno del próximo jueves, el ordinario de agosto y que tradicionalmente se adelanta al mes de julio.
El PSPV, principal fuerza del gobierno municipal, solicitó tiempo para estudiar una declaración institucional impulsada por el PP, pero retocada por Compromís tras haber negociado supuestamente en nombre del propio ejecutivo local. El grupo que lidera Amparo Marco mostró cierta extrañeza al observar su logo en la iniciativa, por lo que insistió en pedir unos días (hasta este miércoles) al objeto de analizar el texto. Vox y Ciudadanos acabaron secundando la medida.
La desavenencia entre socialistas y valencianistas se quedaría en mera anécdota si no fuese por el precedente de la Diputación de Castellón. Hace escasamente dos semanas, ambos partidos evidenciaron su falta de sintonía con el Provincial durante el debate para abordar una moción del PP. El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, se desmarcó de su socio y criticó la gestión de la Conselleria de Sanidad (PSPV) en este y otros temas que afectan a la provincia, como el CICU. El diputado amenazó incluso con rechazar la modificación estatutaria en caso de persistir el veto a los sindicatos.
La declaración institucional consensuada entre el grupo popular y la formación valencianista en el consistorio insiste precisamente en la necesidad de la "negociación sindical". Del mismo modo, insta a la Generalitat y a la entidad supramunicipal, principales responsables del Consorcio Hospitalario, a que "no aprueben, hasta la celebración de las mesas de diálogo social, las modificaciones del convenio de constitución y de los estatutos". Asimismo, plantea lo imperativo de formalizar una encomienda de gestión que concrete la población asignada (cápita) y la oferta asistencial autorizada (cartera de servicio). Por último, reivindica la oferta de empleo público de 2017 a 2021, la consolidación de puestos de trabajo y la reducción de la alta temporalidad.
Esta propuesta de acuerdo se asemeja mucho a la diseñada inicialmente por el PP. No obstante, introduce importantes matices como consecuencia de esa avenencia con Compromís. Por ejemplo, se eliminan términos como "atacar" o "desaparecer". Además, se suprime un párrafo completo en el que se acusaba a la Conselleria de "hacer oídos sordos al mandato legal", actuando de espaldas "a la democracia y a la libertad sindical". "Una actuación más propia de épocas pasadas que de un Estado de Derecho", concluía ese parágrafo.
Por el contrario, incorpora uno nuevo, haciendo especial énfasis en el diálogo, algo que "ahora mismo todavía no se ha dado". En este contexto, recalca que la plática garantiza la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad por parte de los poderes públicos. "[...] Sanidad y la dirección del Consorcio deben velar por su cumplimento", subraya.
Para que la iniciativa se apruebe en el pleno de este jueves, no solo el PSPV tiene que posicionarse a favor. En realidad, los seis grupos municipales deben estar de acuerdo. Si alguno se opone, la declaración institucional morirá en la orilla. Es la gran diferencia con las mociones, que no necesitan un beneplácito previo para entrar en el orden del día o en el despacho extraordinario.