CASTELLÓ. Las generales han marcado el pleno ordinario de la Diputación de Castellón. Tanto el PSPV-PSOE como Compromís, Partido Popular y Ciudadanos han aprovechado este martes el foro público para exhibirse y buscar, con sus argumentaciones, rédito electoral en clave 10N, viviéndose ademas momentos de tensión entre diputados del bipartito y el principal partido de la oposición, producto de ese ambiente plebiscitario.
En las más de dos horas que ha durado la convocatoria de octubre se ha hablado de casi todo. La deuda de la Generalitat con los municipios de la provincia, las empresas de los hermanos del president Ximo Puig y la comisión de investigación, la financiación autonómica, el Brexit, el Castor, el Fondo de Cooperación, etcétera. Solo ha quedado en el tintero el 'procés' y Cataluña.
Más allá de la nueva redistribución de delegaciones en la corporación y de las declaraciones institucionales sobre la policía local, los planes de emergencia municipales o la despoblación, el pleno se ha caracterizado por el 'y tú más' que han esgrimido el equipo de gobierno y el PP para defender sus posiciones o repeler los reproches del contrincante.
Ese peligroso juego político ha ido elevando el tono de las alocuciones, hasta alcanzar su punto álgido con la intervención de la diputada socialista y alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños. Por alusiones y después de que la popular Elena Vicente-Ruiz, también concejala del mismo municipio, le haya acusado de opaca, la municípe vallera le ha recordado que "usted ha perdido todas la denuncias contra mí por falta de transparencia, lo que como abogada deja que desear".
El rifirrafe, enmarcado en esa atmósfera preelectoral, ha llevado al portavoz del PP, Vicent Sales, a pedir que "se eviten estas situaciones para no entrar en descalificaciones". La derecha, haciendo uso del punto del orden del día referido a ruegos y preguntas, ha puesto encima de la mesa la práctica totalidad de temas de actualidad. Las interpelaciones de sus representantes se han sucedido una detrás de otra, siempre con ese propósito de buscar un beneficio plebiscitario, algo en lo que también ha porfiado el bipartito cada vez que se ha extendido con sus respuestas.
En efecto, el 10N se ha filtrado de lleno en la sesión plenaria, en la que el Partido Popular se ha enrocado en su defensa acerca de destinar el superávit de 10,3 millones de euros de 2018 a un segundo Plan 135 en 2019, cuando Intervención ya ha advertido que el año se cerrará sin cumplir la ley de estabilidad presupuestaria, lo que precipitará una intervención del ministerio.
