El equipo de gobierno (PP y Vox) debe confirmar si mantiene la propuesta del Acord de Fadrell de transformar los caminos de servicios en itinearios ciclopeatonales.
CASTELLÓ. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) da un nuevo paso para aumentar la capacidad de la desembocadura del riu Sec. Lo hace con el anuncio de la redacción y ejecución del proyecto para incrementar al menos un metro los muros existentes en los dos márgenes a lo largo del último tramo de 1,5 kilómetros, aproximadamente.
La actuación forma parte del plan de contratación del organismo para el ejercicio 2024. La inversión ronda los 2,7 millones de euros (en concreto, los 2,66 millones) con un plazo de 16 meses. Salvo contratiempo, la licitación se prevé para septiembre, aunque está supeditada al visto bueno del Ayuntamiento de la capital de la Plana y la Conselleria de Medio Ambiente.
Fuentes consultadas explican a este diario que la intervención se enmarca dentro del protocolo de intenciones firmado entre el presidente de la CHJ, Miguel Polo, y la entonces alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, en mayo de 2022. El convenio establece que la Confederación asume la mejora de los bordes del cauce para agrandar los caudales de desagüe al mar, mientras que el consistorio se encarga de adecuar el puente de la avenida Ferrandis Salvador (elevarlo).
Esto significa que el proyecto definitivo debe ser consensuado entre ambas administraciones, lo que las mismas fuentes advierten todavía no se ha producido. El Ayuntamiento tiene desde hace tiempo la propuesta del organismo, en base al planteamiento del anterior equipo de gobierno (el Acord de Fadrell), que sugirió transformar los dos caminos de servicios en itinerarios ciclopeatonales.
Hasta que el nuevo ejecutivo no se pronuncie, la CHJ mantendrá la actuación en stand-by, ya que cabe la posibilidad de que el PP y Vox propongan una nueva solución. En este caso, habría que rediseñar el anteproyecto, lo que podría afectar a esa previsión de septiembre. Bien es cierto que aún existe margen suficiente.
La actuación de la Confederación en la desembocadura del riu Sec consiste en homogeneizar los muros, de manera que ambos márgenes presenten la misma altura. En la actualidad, y para prevenir episodios de avenidas hidráulicas, solo existen lo que se conoce técnicamente como barreras New Jersey en la zona más próxima al Aeroclub. Se trata de vallas de seguridad de hormigón, de unos 80 centímetros y muy utilizadas en carreteras como elemento de protección y separación.
La propuesta del organismo pasa por elevar entre 1 metro y 1,20 m las paredes. Esa operación tiene una afección directa sobre los dos caminos de servicios (uno incluso es de doble dirección). Dicho de otra forma, resulta imperativo decidir el nuevo uso de esos viales. De ahí la importancia de que exista una aquiescencia de las administraciones implicadas.
En cuanto a la Conselleria de Medio Ambiente, la CHJ está a la espera de resolver algunas consultas de tipo ambiental. No hay olvidar que en la playa del Serradal nidifica el chorlitejo patinegro, especie vulnerable y protegida.
La coyuntura en la parte final del riu Sec se caracteriza por la sección insuficiente del encauzamiento y las restricciones al flujo ocasionadas por determinadas infraestructuras, especialmente por el puente de Ferrandis Salvador. Además, también existe otra problemática de inundaciones en el entorno del barranco del Sol, situado a unos 6 kilómetros aguas arriba. Al respecto, el Ayuntamiento impulsó en 2022 la construcción del nuevo colector, una obra que se adjudicó a Becsa y que cuenta con una inversión de 2,7 millones de euros.
La mejora de la desembocadura está pendiente desde 2011, cuando la Confederación se comprometió a acometer una gran obra para ampliar la zona de aliviadero al mar. El megaproyecto, de más de 10 millones de euros, suponía ocupar buena parte de los terrenos del aeródromo. Asimismo, comportaba la eliminación del puente sobre la avenida Ferrandis Salvador para construir un nuevo, de mayor amplitud. Sin embargo, nunca quedó del todo claro qué administración asumiría el coste. Con el paso del tiempo, el organismo terminó aparcando esa idea inicial para apostar por el actual plan B.