La comisión de la Policía Local sucumbe a los reveses: la covid y el hackeo frenan la investigación 

CASTELLÓ. La comisión de investigación de la Policía Local de Castelló sucumbe a los continuos contratiempos desde su constitución en octubre de 2019. La falta de continuidad por la covid-19 y el ciberataque al Ayuntamiento pone cada vez más cuesta arriba culminar la fiscalización antes de concluir la presente legislatura. Las tres interrupciones sufridas hasta ahora se traducen en 10 meses de paralización, lo que afecta no solo a los plazos, sino también al trabajo de análisis, ya que cada reinicio supone un esfuerzo añadido tanto para los integrantes del órgano auditor como para los funcionarios.

El primer revés en la hoja de ruta trazada se produjo en marzo de 2020, cuando la irrupción del coronavirus obligó a decretar el estado de alarma. La suspensión de los procedimientos no esenciales durante varios meses (hasta junio) tuvo fatales consecuencias, toda vez que la cancelación de las reuniones quincenales se alargó, en realidad, más de la cuenta por la imposibilidad de celebrar los encuentros de manera presencial. Hubo que esperar al 5 octubre para retomar la rutina administrativa, es decir, medio año después de la última cita, celebrada el 6 de marzo.

Hasta diciembre, la comisión trató de recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, se convirtió en misión imposible al constatarse la dificultad de la investigación por la cantidad ingente de documentación. En pleno proceso de revisión del primer expediente, llegó el segundo frenazo al empeorar los datos del virus, especialmente en la Comunitat Valenciana.

La tercera ola se llevó por delante al órgano fiscalizador, que permaneció en estado de hibernación durante tres meses. El 12 de marzo de 2021 la presidencia convocó de nuevo al resto de representantes políticos con el propósito de reavivar el ritmo auditor. De hecho, dos partidos (Ciudadanos y PSPV) consiguieron presentar sus pruebas testificales con la relación de comparecientes.

En vista de los retrasos por la sucesión de imprevistos, en esa reunión se resolvió agilizar los tempos para que en el siguiente encuentro las demás formaciones políticas estuvieran en disposición de exponer sus listados con los nombres de los testigos. Se dio un margen de 15 días, de manera que la siguiente convocatoria se fijó para el 26 de marzo. No obstante, antes de esa fecha, se acordó un aplazamiento con el fin de conceder a los funcionarios una moratoria y, así, poder completar los informes que todavía estaban pendientes de respuesta por parte de los negociados implicados.

A la espera de solucionar el hackeo

Todo saltó por los aires con el hackeo al Ayuntamiento el 30 de marzo. Ante la caída del sistema informático y el resto de aplicaciones y servicios municipales, la comisión de investigación recibió un nuevo varapalo, del que sigue sin recuperarse a día de hoy. A pesar de que la plataforma de gestión interna se encuentra operativa (Gestiona), la normalidad está lejos de restablecerse en la institución, por lo que desde la presidencia, que ostenta el partido liberal, no existe una previsión respecto a cuándo se restituirá la agenda del grupo de trabajo.

El órgano fiscalizador arrancó el 4 de septiembre de 2019 tras solicitarlo por escrito el PP y Ciudadanos. Ambos partidos consideraron necesario su constitución para esclarecer posibles irregularidades sobre las contrataciones del montaje del denominado Centro Integrado Municipal de Seguridad y Emergencias (Cimse), cuya una inversión superó los 1,6 millones de euros. Ese mismo mes se aprobó crear la comisión, que celebró su primera reunión el 3 de octubre para definir los cargos y el calendario de convocatorias. En aquel encuentro, se nombraron a los concejales Vicente Vidal (Cs) y Fernando Navarro (Podem-EUPV) como presidente y vicepresidente, respectivamente. Ese día marcó un punto de inflexión en la investigación para examinar siete contratos, con más de 4.000 folios de documentación.