CASTELLÓN. El concejal de Gestión Municipal y Seguridad Ciudadana de Castellón, Antonio Lorenzo, ha presentado su dimisión este viernes por la investigación judicial sobre una trama de facturas falsas en la Subdelegación del Gobierno, cuya responsabilidad ostentó entre 2007 y 2011. Ha declarado ante la policía, pero no ha recibido ninguna citación judicial. Aún así, ha optado por adelantarse a los acontecimientos y abandonar el cargo, un gesto inédito en el consistorio. Lorenzo ha recibido el apoyo sin fisuras, no solo de su partido, sino también de Compromís y Castelló en Moviment (CSeM), que valoran su papel determinante en esta legislatura como cohesionador del Pacte del Grau.
La sorpresa ha llegado tras la rueda de prensa habitual de los viernes sobre los acuerdos de la Junta de Gobierno. Las caras largas de concejales y asesores y la inusual presencia de responsables del PSPV en el salón de plenos hacía presagiar un anuncio importante. La portavoz del equipo de gobierno, Verònica Ruiz, ha acabado su comparecencia dando paso a Antonio Lorenzo, que ha llegado acompañado de la alcaldesa Amparo Marco y del resto de ediles socialistas.
Se avecinaba una dimisión. La incógnita era porqué. Con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, ha anunciado que abandona el acta de concejal y, por ende, la de diputado provincial, tras haber declarado ante la Policía Nacional hace unas semanas en el marco de la investigación que instruye el Juzgado número 1 de Castellón sobre la emisión de supuestas facturas falsas desde la Subdelegación del Gobierno. "A fecha de hoy desconozco los detalles de ese procedimiento", ha señalado Lorenzo, quien asegura no haber recibido ninguna citación judicial por el momento.
Desde la Policía Nacional, han rehusado dar detalles sobre el caso que aún está en fase de investigación, pero explican que es común llamar a declarar durante las diligencias indagatorias a personas que puedan tener alguna relación con los hechos investigados sin que se les cite expresamente en calidad de testigos o de imputados. Categorías que pueden determinarse durante la propia comparecencia. Esto no pasa cuando es el juzgado el que llama a declarar, pues debe precisar en calidad de qué se cita a los implicados para no generarles indefensión ante un procedimiento judicial.
Hasta ahora, una veintena de empresarios y dos funcionarios han sido investigados por este asunto. El juzgado deberá dirimir si inflaban el gasto en la contratación de bienes y servicios y se repartían luego los beneficios. La investigación afecta a la época en que Lorenzo fue subdelegado del Gobierno, entre 2007 y 2011, y también a la etapa posterior del popular David Barelles.
Ante el cariz que puedan tomar los acontecimientos judiciales, Lorenzo ha decidido llevar la delantera. No espera a que el juez le pueda citar a declarar. Abandona para prevenir la hemorragia a tan solo cuatro meses de elecciones. "Quiero, con mi dimisión, que esta situación genere el menor daño posible a mi partido, el PSPV, y al proyecto de regeneración pública y modernización política y social que lidera junto al resto de las izquierdas en nuestra ciudad y el conjunto del País Valenciano", ha aseverado Lorenzo. Una decisión que ha trasladado antes a la alcaldesa y compañeros del grupo socialista, así como a los secretarios generales local, provincial y nacional del PSPV, Francisco Gil, Ernest Blanch y Ximo Puig, respectivamente.
"Cuando decidí entrar en la política institucional lo hice con una máxima para mí irrenunciable: que nunca tuviera que bajar la mirada al cruzarme con mis vecinos, que nunca tuviera que explicarle a mis hijas por qué su padre había actuado contra los intereses de la administración pública y de la ciudadanía. Esa determinación me ha acompañado siempre, así en la vida pública como en mi vida privada", ha dicho ante la atenta mirada de los miembros del equipo de gobierno.
En este sentido, Lorenzo ha recordado que ha recorrido "todos los escenarios que un servidor público puede transitar en su carrera profesional", algo que ha hecho "con la convicción de obrar honestamente".
Ahora tiene pensado retomar su plaza de funcionario de la Generalitat Valenciana como documentalista. En lo personal, dice, se dedicará a defender su "honradez" porque es su "único patrimonio". Durante el discurso de despedida, ha dirigido palabras de agradecimiento a las empleadas y empleados públicos, de quienes minutos después se despedía en la planta baja del ayuntamiento con calurosos gestos de afecto.
El anuncio ha conmocionado las filas socialistas. La alcaldesa Amparo Marco, que ha acompañado a Lorenzo en el trance, ha querido mostrarle su apoyo agradeciéndole su "integridad, honestidad y ejemplaridad". Palabras que también le han dirigido desde el PSPV provincial, cuyo secretario general le ha definido como "una persona honesta por encima de todo". "Es de sobra conocida su rigurosidad económica y su permanente preocupación por realizar un uso escrupuloso del dinero público", ha añadido Ernest Blanch.
Pero los apoyos no solo le han llegado desde sus propias filas. También Compromís ha querido alabar su figura. "Es una situación muy injusta en la que él ha tomado una decisión personal que respetamos, pero le echaremos mucho de menos porque es una pieza fundamental del gobierno y una de las personas que más cohesionan el equipo. Para nosotros no hay ninguna duda sobre su honestidad", han señalado desde la coalición. De hecho, los ediles Ignasi Garcia y Verònica Ruiz han arropado a Lorenzo durante su comparecencia pública.
En la misma línea CSeM ha elogiado su "talante negociador". En este sentido, ha destacado que "cada año durante esta legislatura, tras largas negociaciones con el gobierno, CSeM ha acabado votando favorablemente los presupuestos municipales, cuyo máximo responsable ha sido hasta ahora el concejal dimisionario". Además, le ha agradecido "el gesto" de dimitir, "circunstancia que le honra y pone de relieve su honestidad a la vez que demuestra que ante hechos similares no todo el mundo actúa de la misma manera".
El consenso que concita Antonio Lorenzo en torno a su figura, incluso en un momento crítico como el actual, demuestra que ha sido uno de los máximos garantes del Pacte del Grau durante este mandato. En este sentido, destaca el papel que ha desempeñado como nexo de unión entre PSPV y Compromís, suavizando las fricciones y buscando puntos de encuentro. Con su marcha, el gobierno queda huérfano de una figura que ha sido determinante a la hora de gestar grandes acuerdos.
Todavía no se ha tomado una decisión respecto a quién asumirá sus competencias en el Ayuntamiento, dos carteras - Hacienda y Seguridad- de gran volumen. Tampoco se sabe aún quién entrará a ocupar el acta de concejal que deja libre. La siguiente en la lista del PSPV es Monica Barabas, aunque no se ha confirmado si será ella quien tome el relevo.
Por su parte, el PP ha asegurado en un comunicado que "el bipartito se hunde, y con ellos arrastran a la ciudad de Castellón". Ha aprovechado para recordar que durante esta legislatura también han renunciado al cargo las concejalas Carmen Oliver y Sara Usó, aunque en estos casos abandonaron por motivos personales. También ha sacado a relucir el cese de la exvicealcaldesa de Compromís Ali Brancal, investigada por un supuesto delito de malversación a raíz de una querella del grupo popular.