CASTELLÓ. La Diputación de Castellón respalda la tramitación urgente en el Congreso de los Diputados y el Senado de la reforma de la Disposición Adicional segunda de la Constitución Española de 1978 que permita la reintegración efectiva del derecho civil valenciano. En estos momentos se da la circunstancia de que la Comunitat Valenciana solo puede legislar sobre en el ámbito agrario después de los recursos del gobierno central y las sentencias del Tribunal Constitucional que se produjeron a partir de 2016, afectando de forma directa a la ley de régimen económico matrimonial valenciano, la ley valenciana de custodia compartida y la ley valenciana de uniones de hechos formalizadas en la Comunitat Valenciana.
El presidente de la Diputación, José Martí, destaca el amplio respaldo con el que cuenta esta reivindicación en la corporación provincial, que en el último pleno aprobó por amplísima mayoría una moción del equipo de gobierno de PSPV-PSOE y Compromís sobre este asunto, con el apoyo del Partido Popular. El texto fue respaldado por 25 de los 27 diputados provinciales.
La aprobación se efectuó de forma solemne en una sesión plenaria en la que estuvieron presentes el presidente de la Associació de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella Vila; el vicepresidente segundo, Federico Arnau Moya, y la catedrática de Derecho Mercantil de la UJI e integrante de la asociación, Marí Carmen Boldó Roda.
Martí anima a los ayuntamientos de la provincia que todavía no lo hayan hecho a sumarse a esta iniciativa que ya cuenta con el respaldo de 500 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, las tres diputaciones provinciales, el Consell, las Cortes Valencianas y diversas instituciones públicas y privadas, como universidades, organizaciones empresariales o sindicatos.
Para finalizar, ha señalado que "es importantísimo encontrar la manera de que la competencia en materia de derecho civil prevista en el Estatuto de Autonomía tenga encaje dentro de la Constitución". En este sentido, recuerda que la reforma del Estatut es una Ley Orgánica del máximo rango aprobada por las Cortes Generales, tenía entre sus objetivos garantizar la competencia de legislar sobre el derecho civil.