La Diputación vuelve a ser condenada por el torneo de golf de la era del PP: 152.000 euros de intereses

CASTELLÓ. La herencia de Carlos Fabra (PP) sigue pasando factura a la Diputación Provincial, gobernada por la alianza que conforman el PSPV y Compromís desde 2019. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) condena por segunda vez a la institución supramunicipal por incumplir el convenio de patrocinio del Masters-Castellón Costa de Azahar de hace 10 años. En esta ocasión, la cantidad que la entidad debe pagar a la Sociedad de Proyectos Temáticos (SPTCV) corresponde a los intereses de demora, cuya cuantía asciende a 152.004,21 euros. A esa suma hay que añadir los 531.000 euros de la primera sentencia, con lo que la multa total alcanza los 683.000 euros.

El nuevo fallo de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo se produce a raíz de la reclamación promovida por la Generalitat Valenciana (GVA) respecto al importe de los intereses de demora. Tras la resolución del pasado año (a finales de enero), la administración autonómica consideró que el cálculo debía realizarse a partir de la petición inicial a la Diputación en 2012 y no desde la fecha de notificación de la sentencia en 2021 (16.060, 93 euros). Tramitado el incidente, el TSJCV considera ahora que los intereses tienen que computarse desde el 29 de mayo de 2013.

Un torneo impulsado por Carlos Fabra

La Diputación valora recurrir la sentencia, aunque la constatación del impago por la edición de 2012 reduce ostensiblemente las posibilidades de éxito. El Masters-Castellón Costa de Azahar nació en 2008 impulsado por Carlos Fabra y costó a la Generalitat Valenciana y a la entidad provincial al menos 13 millones de euros.

La institución supramunicipal copatrocinó la competición durante cuatro años. Lo hizo con una aportación de 1.433.000 euros, cantidad que abonó a la empresa Match Golf Consulting como organizadora a través de diferentes contratos. Las entregas se formalizaron de la siguiente manera: 348.000 euros en 2008; 352.872 euros en 2009; 361.827 euros en 2010 y 364.722 euros en 2011.

Un añadido en 2012

Al convenio de colaboración con la SPTCV se le agregó una adenda (añadido), en 2012, por la que ambas administraciones se comprometían a pagar, además de la suma fijada en el convenio inicial, una aportación extra de 3.540.0000 euros para compensar la falta de patrocinadores privados en dicho evento.

La sociedad pública de la GVA procedió a satisfacer esa suma mediante dos transferencias. Una de 3.009.000 euros correspondiente a su parte y otra de 531.000 euros como adelanto de la Diputación, que nunca llegó a devolver. Según recoge la sentencia de enero de 2021, cuando se le reclamó a la entidad provincial este importe por vía judicial la respuesta fue que no figuraba "en las actas de Junta de Gobierno y pleno, así como en el libro de decretos del presidente ningún acuerdo de compromiso de gasto". En efecto, no se transfirió esa cantidad a la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, a la que una década después hay que liquidar intereses de demora, de acuerdo con la nueva resolución judicial.