CASTELLÓ. La Diputación de Castellón da una nueva dimensión a la Junta de Portavoces para aunar esfuerzos ante el Covid-19. En una decisión sin precedentes, la corporación convierte el órgano interno en el punto de encuentro de los grupos políticos para canalizar y consensuar las iniciativas que permitan mitigar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria en los municipios de la provincia.
La declaración institucional aprobada este martes, en un pleno telemático extraordinario, va más allá de una mera demostración de intenciones. Supone crear un espacio público de confianza entre el equipo de gobierno, integrado por el PSPV-PSOE y Compromís, y la oposición (PP y Ciudadanos), lo que precisamente había solicitado el Partido Popular en la anterior sesión plenaria. Es decir, la lealtad institucional adquiere un carácter de reciprocidad, habilitándose una doble vía de correspondencia. "Estamos francamente contentos de que se haya aceptado nuestra propuesta", señala el portavoz de la principal formación de la derecha, Vicent Sales.
El mayor peso político de la Junta de Portavoces se materializa en que, manteniendo su carácter organizativo para la celebración de los plenos, incorpora una función estructural para combatir al coronavirus. Y lo hace con una triple finalidad: agilizar la toma de decisiones, implicar a todos los grupos para remar en una misma dirección y abrir la puerta a los actores sociales y económicos.
En este contexto, surge lo que se denomina Mesa de Diálogo, cuyo objetivo estriba en escuchar a la sociedad civil, "así como a los ayuntamientos y mancomunidades con el objeto de coordinar y priorizar aquellas acciones necesarias para revertir los efectos de la pandemia", según recoge el texto.
El acuerdo de la corporación contempla, además, que "los grupos políticos de la Diputación se comprometen a encauzar sus iniciativas a través de estos dos foros", en referencia a la citada Mesa de Diálogo y a la Junta de Portavoces.
En efecto, la cohesión política se concreta, por un lado, en proporcionar liquidez a los municipios mediante líneas de ayudas y adelantos de recaudación. Por otro, en reactivar la economía provincial flexibilizando las cargas impositivas. Y, en tercer lugar, amparando a los sectores sociales más vulnerables.
