La Diputación pide a Sanidad más transparencia en los datos que facilita a los municipios por la covid

CASTELLÓ. La gestión de la covid-19 por parte de Sanitat y Salut Pública empieza a generar voces discordantes incluso en el seno de entidades afines, controladas por los mismos partidos que están al frente de la Generalitat Valenciana. En el caso de la provincia de Castellón, esos reparos afloran a través de la Diputación Provincial en forma de mociones, aunque al PSPV le suponga un ejercicio de contención para evitar que su explicación de voto se interprete como una reprimenda innegable. Así se desprende de lo ocurrido en el pleno de este martes, en el que todos los grupos políticos exhibieron una inusitada armonía para exigir a la Conselleria de Ana Barceló mayor transparencia a la hora de facilitar diariamente a los municipios las cifras de contagios y fallecidos.

La iniciativa presentada por el PP encontró el amparo de socialistas y valencianistas al aceptar la enmienda parcial formalizada por estos. Una reparación que, además, arrastró a Ciudadanos, siempre dispuesto a apoyar al equipo de gobierno en favor de los pactos "útiles".

En este contexto de camaradería, los matices ideológicos de unos y otros, con sus alegatos, quedaron en un segundo plano por el contenido de las propuestas del acuerdo. Según el texto, no solo se insta a la administración autonómica a una "coordinación permanente con los ayuntamientos para que la toma de decisiones pueda hacerse conforme a datos actualizados". También se pide agilidad con los números, de manera que se aproximen lo máximo posible a la realidad. Del mismo modo, se señala lo imperativo de publicar el estado de la presión asistencial.

Los asuntos de la moción suponen algo más que un toque de atención a la Conselleria. En la exposición de motivos se pone el acento en cuestiones como la "lealtad institucional". Además de afear a Sanidad su forma de difundir la información, que al no ser "precisa dificulta la toma de decisiones de alcaldes y concejales", se incide en que las discrepancias de los datos oficiales impiden un adecuado procedimiento de verificación, condicionando la labor de los gobiernos locales. En efecto, tanto el PSPV como Compromís, el PP y Ciudadanos coinciden en subrayar que "las instituciones sanitarias deben ser claras, ágiles y transparentes".

En la maratoniana sesión de este martes, la corporación evidenció que los plenos en esta legislatura se han convertido en una montaña rusa. Lo mismo la crispación echa por tierra conciertos de calado como la reciprocidad anestesia a los grupos políticos pese a la tentación que conlleva abordar 50 puntos en el orden del día, con 9 mociones. Aunque hubo tímidos intentos de algunos diputados, especialmente de la oposición, las más de cuatro horas de la cita plenaria discurrieron sin pena ni gloria.

Distintos planes de ayudas

Al margen de solicitar a Sanidad diafanidad, lo más significativo de la convocatoria obedeció a la aprobación de distintas bases de ayudas y programadas por un importe de 25,2 millones de euros. De igual manera la unanimidad marcó la adhesión al Plan Resistir, cifrado en 4,1 millones de euros y dirigido a los autónomos y microempresas de la provincia pertenecientes a los sectores más perjudicados por la crisis económica derivada de la pandemia.

De las iniciativas presentadas, solo salieron adelante tres, incluyendo la sanitaria y sin contar las declaraciones institucionales. Hubo avenencia para adaptar de manera urgente las Ley Reguladora de la Haciendas Locales al contenido de la sentencia del Tribunal Constitucionales 59/2017, de 11 de mayo. La aquiescencia se repitió con la propuesta para que las diputaciones y los ayuntamientos, entre otros, se conviertan en gestores directos de los fondos Next Generation UE.