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apuros económicos en el ayuntamiento

La falta de liquidez obliga a Moncofa a contratar un crédito para pagar tres sentencias urbanísticas

28/10/2019 - 

CASTELLÓ. La falta de liquidez obligará al Ayuntamiento de Moncofa a contratar un préstamo de 314.724 euros para pagar tres sentencias judiciales condenatorias por pleitos en el ámbito urbanístico. El equipo de gobierno que encabeza el popular Wenceslao Alós se verá forzado a firmar el crédito a devolver en tres años después del informe de la Tesorería Municipal que alerta del “déficit de liquidez en caja” para saldar esa deuda judicial.

La indemnización más costosa, de 221.373 euros, la percibirán dos vecinos que presentaron una demanda judicial contra el consistorio en noviembre de 2012 por conceder una licencia de obras para la construcción de un edificio que no respetó la servidumbre mínima de 2 metros que debe haber en el patio de luces, en las vistas y en los balcones con voladizos. La sentencia del TSJCV considera que las viviendas de los dos vecinos perdieron “habitabilidad y calidad”. El fallo judicial se hizo público en diciembre de 2017 y el consistorio arrastra el pago de esa indemnización desde entonces.

La segunda sentencia más relevante obliga al Ayuntamiento de Moncofa a pagar intereses y los gastos correspondientes al mantenimiento de los avales bancarios a la empresa que iba a ejecutar las obras de la pasarela peatonal y del puente sobre el río Belcaire. El consistorio se comprometió con la citada mercantil a ejecutar esos trabajos pero, en abril de 2014, canceló el convenio firmado sin llegar a licitar los contratos.

Retraso en la licitación

El fallo del TSJCV, fechado en junio de 2019, recuerda al consistorio que incumplió su obligación de licitar las obras en dos meses y eso acarreó un perjuicio económico a la mercantil, que ya había depositado avales bancarios para garantizar la ejecución de los trabajos. El puente estaba presupuestado en 609.991 euros y la pasarela peatonal en 213.720 euros pero el consistorio no los ejecutó ya que no llegó a urbanizar el sector urbanístico de la zona, cuyas cuotas iban a financiar las obras. 

El Ayuntamiento sí pagó, aunque fuera de plazo, dos proyectos que la empresa ejecutó: la conexión entre la subestación eléctrica con el final de la ronda de circunvalación y las instalaciones que discurren por debajo de la ronda, por un importe de 389.496 y 635.504 euros, respectivamente. En ambos casos, la sentencia del TSJCV exime al consistorio de pagar indemnizaciones dado que cumplió el convenio “en lo sustancial”, aunque “con ciertos retrasos”.

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