CASTELLÓ. La Junta Electoral de Zona da un nuevo 'tirón de orejas' al presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, por promocionar logros institucionales en plena precampaña de las generales del 10N. Se trata del cuarto aviso que recibe el equipo de gobierno, formado por el PSPV-PSOE y Compromís, desde que se abriera el periodo plebiscitario, y siempre como consecuencia de una reclamación interpuesta por el Partido Popular.
En esta ocasión, el requerimiento a Martí tiene que ver con la renovación del convenio de colaboración con el colegio de Abogados y los Ayuntamientos de Castelló, Borriana, Onda, Benicarló y Vinaròs, por el cual la Diputación destinará 12.000 euros al refuerzo de la red de oficinas de asesoramiento y mediación en demandas hipotecarias.
El acto de la firma, publicitado por el gabinete de comunicación de la entidad provincial el 16 de octubre, recogiendo incluso declaraciones del propio presidente, según la Junta Electoral de Zona, vulnera el artículo 50, punto 2, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LORG), de manera que insta al socialista a que "se abstenga de cualquier tipo de manifestación que pudiera infringir dicha norma".
El mentado artículo 50.2 viene a señalar que "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".
El apercibimiento al presidente de la Diputación se suma al recibido el 8 de octubre a propósito de una reunión con los alcaldes de La Mata y Olocau el 29 de septiembre, así como a los posteriores por promocionar ayudas para combatir la pobreza energética (a la vicepresidenta, Patricia Puerta) y por anunciar la celebración de un Foro municipal.
En los cuatro casos, el PP formuló la correspondiente denuncia, a través de su representante, Elene Vicente-Ruiz, advirtiendo que la "propaganda institucional con recursos públicos" contravenía lo establecido por la LORG.
Los servicios jurídicos del Grupo Popular en la Diputación aseguran que la reiteración de incumplimientos acerca de la Ley Electoral puede derivar en la apertura de un expediente sancionador contra el presidente de la institución, que acarrearía una sanción económica.
