La jueza vuelve a acercar a Carlos Fabra al banquillo por ocultar su patrimonio para eludir su condena
Foto: ANTONIO PRADAS
28/04/2022 -
CASTELLÓ. La jueza de Instrucción 4 de Castellón acerca de nuevo al banquillo al expresidente de la Diputación Carlos Fabra, su mujer María Amparo Fernández, sus hijos Borja y Claudia, y el marido de esta, Fernando Castro, así como a su supuesto testaferro, Alejandro Lorca. Lo hace después de dar por concluida la investigación respecto de la causa para determinar si Fabra ocultó de forma deliberada su patrimonio para no hacer frente a la sentencia a la que fue condenado en 2013 por cuatro delitos fiscales y en virtud de la cual mantenía una deuda con la Agencia Tributaria de alrededor de un millón de euros.
No en vano, tras el auto de procedimiento abreviado dictado ahora por la jueza -el segundo después del que lanzó su sustituto provisional, Jacobo Pin, hace un año justamente-, la posibilidad de recurso que prolongue la instrucción parece complicada.
No en vano, al auto de procesamiento actual solo cabe apelación en base a las diferencias con el anterior, y estas son, concretamente, el archivo de la causa contra Fernando Roig, su hijo y el empresario Miguel Pérez, apoderado de Migumi, una compañía del entorno del presidente del Villarreal CF. Así, dado que los ahora excluidos del proceso no recurrirán, solo podría hacerlo Fiscalía y la Abogacía del Estado, dado que el PSPV se retiró de la causa al poco de personarse, y ello parece poco probable.
Así las cosas, y después de que la jueza haya estimado que no existe relación entre la esponsorización del Villarreal CF por Aerocas (entonces dirigida por Fabra) y los préstamos por valor de 1,3 millones que el presidente del club, Fernando Roig, realizó al expolítico a través de diferentes empresas y que este no devolvió; el empresario, su hijo y el dirigente de Migumi se unen a los 7 empresarios que ya quedaron fuera de la causa en el anterior proceso de instrucción. Roig ya expresó hace un año su confianza en que la jueza estimaría su inocencia.
Fiscalía y Abogacía pedían 12 años de cárcel
En estas circunstancias, la jueza ha dado diez días de plazo a Fiscalía y Abogacía del Estado para que formulen el escrito de acusación, en el que deben recoger las penas que solicitan para los implicados en el caso. En su anterior escrito, Anticorrupción y Abogacía solicitaban doce años de prisión para el expresidente de la Diputación de Castellón por los posibles delitos de insolvencia punible y frustración de la ejecución, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y cohecho. Falta por ver si repiten estas acusaciones. Una vez resuelto todo ello, será la Audiencia Provincial de Castellón el órgano que dirima el caso y asuma el fallo.
Ingresos y movimientos bancarios
Entre lo que se ha ido conociendo en la instrucción del caso, en su día ya destacó que, pese a que debía casi un millón de euros a Hacienda, Fabra fue recibiendo ingresos en cuentas bancarias propias, de sus familiares o de sus sociedades, por valor de 19.000 euros al mes, de media, entre los años 2011, 2012 y 2013.
Asimismo, en el anterior auto de procesamiento, Jacobo Pin -que ya realizó la instrucción del caso por el que fue condenado por delito fiscal en 2013-, incluía un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que recoge movimientos bancarios de Fabra por valor de 26 millones. Todo esto lo negó el expolítico en su nueva declaración ante la jueza a finales de junio del año pasado, después de que la anterior acusación y apertura de juicio quedaran invalidadas al estimar la jueza que no se había informado debidamente a Roig, su hijo y Pérez del delito de cohecho del que se les acusaba.
Con todo ello, cuando se celebrará finalmente el juicio es todavía una incógnita, aunque el nuevo proceso contra Fabra y parte de su familia se acerca de nuevo a la Audiencia Provincial.