La Junta Electoral da un toque de atención a Puig por su visita a la ronda Suroeste de Vila-real

CASTELLÓ. La Junta Electoral de Zona da un toque de atención al president de la Generalitat, Ximo Puig, por su visita a las obras de la ronda Suroeste de Vila-real el pasado 29 de octubre. Acompañado por el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, el jefe del Ejecutivo valenciano se interesó por el estado de ejecución de la circunvalación, que culminará en 2021 después de 18 meses de trabajos y una inversión de 7,8 millones de euros.

Puig no es el único afectado por el "requerimiento personal" para que se abstenga de protagonizar actos que publiciten logros de gobiernos del PSPV, independiente del ámbito territorial. Tanto el conseller como el alcalde del municipio castellonense, el socialista José Benlloch, recibirán también el certificado nominal.

El aviso de la Junta Electoral resulta de una reclamación presentada por Més Compromís que, en su escrito, recoge el incumplimiento del artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al entender que la convocatoria ante los medios de comunicación buscó un rédito plebiscitario. Para ello, se apoya en las declaraciones que unos y otros realizaron al término de la visita, destacando la importancia de una infraestructura que propiciará "un crecimiento sostenible tanto en Vila-real como en el conjunto de la comarca", aseguró Puig.

La ronda Suroeste responde una pretérita reivindicación de la localidad para contribuir a la expansión del clúster cerámico. El vial, reclamando desde hace décadas, permitirá reducir el tráfico de vehículos pesados por el casco urbano, al mismo tiempo que facilitará una conexión directa con la N-340. Esa mejora de las comunicaciones contribuirá al desarrollo de los polígonos industriales adyacentes.

Ante la importancia del proyecto, el jefe del Consell, el titular de Obras Públicas y el primer regidor aprovecharon para ensalzar y recordar las inversiones de la Generalitat en el municipio (por un importe de 18 millones de euros), algo que Més Compromís interpreta como una vulneración de la LOREG.

Lo que dice la ley

El citado artículo 50.2 señala que  "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

Del mismo modo, en el punto 3, añade que "durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo"