VILA-REAL. La sala segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha dado validez a las obras realizadas en 2018 en la grada vip del estadio de la Cerámica al confirmar el archivo de una denuncia interpuesta en su día en la que se acusaba a sus promotores de incurrir en responsabilidades penales a consecuencia de un presunto "desvío de poder". La denunciante, vecina de la zona, alegaba que tales obras habían supuesto cambios en la calle en la que vive y no respondían a una necesidad de interés general, lo que ha quedado desmontado ahora por la última decisión judicial.
La resolución judicial justifica su decisión en que las actuaciones están dentro del marco de las autorizaciones administrativas pertinentes y por la planificación urbanística municipal, que fueron aprobadas de manera definitiva el 27 de septiembre de 2017. El recurso señala que la persona que recurrió no llevó el asunto por la vía contenciosa, por lo que el tribunal entiende que, en todo caso, "nos encontramos ante una cuestión de derecho administrativo", no penal, sin que la parte denunciante haya podido precisar circunstancias que pudieran dotar a los hechos de una posible relevancia en este sentido.
Por ello, la Audiencia Provincial desestima el recurso interpuesto a la decisión tomada en 2018 por el juzgado de instrucción número 1 de Vila-real, en la que se había pronunciado en similares términos en los que ahora lo hace el máximo órgano colegial de la provincia. En este archivo, la Audiencia impone a la parte recurrente al pago de las costas de esta alzada, tal como ha informado este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El recurso ahora desestimado se refería a las últimas obras realizadas para la ampliación de la zona vip del estadio municipal de La Cerámica, que acoge los encuentros de fútbol del Villarreal CF. Esta zona, que corresponde a la calle Blasco Ibáñez, fue reformada con la conversión de un viario en acera con voladizo y lo hizo sobre un espacio público para lo que se requirió la modificación parcial del Plan general de Ordenación urbana. Esta actuación supuso que el voladizo realizado no quedara a la misma distancia que el resto de edificaciones. Las pretendidas responsabilidades penales de estas actuaciones han sido desmontadas finalmente por la Audiencia Provincial, con el desestimiento del recurso y, por tanto, el archivo de la denuncia.