bancada de la oposición en el pleno del ayuntamiento (Fotos: ANTONIO PRADAS)
CASTELLÓ. La decisión del PP, Ciudadanos y Vox de salirse de la disciplina del texto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sometiéndose al código penal como régimen disciplinario interno, abre un nuevo escenario jurídico en el Ayuntamiento de Castelló.
Más allá de rechazar en la votación la propuesta del Acord de Fadrell en el pleno de este jueves (15 sufragios a favor del tripartito y 12 en contra de la oposición), la postura de los concejales de la derecha y extrema derecha de no suscribir el documento crea un precedente legal de imprevisibles consecuencias en el caso de que se produzcan algunos de los supuestos, sobre comportamiento y responsabilidad política, que recoge el código de la FEMP. Es cierto que sus 13 páginas son muy laxas, pero establecen unas normas mínimas de conducta para los cargos públicos.
Desde que el tripartito planteara suavizar el código ético, la oposición siempre se ha mostrado en contra, insistiendo en respetar el que rubricaron por escrito cuando cada regidor tomó posesión en el inicio de la legislatura. Bajo ese argumento, y ante la imposibilidad de consensuar con el equipo de gobierno el cambio de régimen disciplinario de la corporación, los ediles del PP, Cs y Vox aseguran sentirse más identificados con las normas estatales que con la FEMP.
También es cierto que internamente cada partido posee su propio código ético. En el caso, por ejemplo, de los populares el reglamento, modificado por última vez en el Congreso Provincial de 2017, contempla un título completo con cuatro extensos apartados. Entre ellos, destaca el punto final del artículo 60 que se refiere a "dar cuenta al Comité de Derechos y Garantías autonómico de cualquier presunta irregularidad o delito de corrupción en el ejercicio del cargo orgánico o público y de aquello que contravenga lo estipulado en los Estatutos y el Reglamento del PPCS".
Por lo que respecta a Ciudadanos, en su portal de transparencia, se señala que "los representantes institucionales y los cargos orgánicos del partido deberán poner su cargo, y en su caso el acta, a disposición del Comité Ejecutivo, si resultare acusado por el Ministerio Fiscal por la comisión de cualquier delito; si fuere investigado, aún sin acusación, en el transcurso de una investigación judicial, tratándose de un delito de corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cualquier otro comprendido en el título XIX del Código Penal; y en todo caso, si fuere condenado, en cualquiera de los dos supuestos anteriores".
Por último, Vox recoge, en sus medidas contra la corrupción, que "ninguna persona con resolución judicial de imputación será candidato del partido a un cargo ni interno, ni público, y si ya hubiese sido elegido para el mismo, deberá poner su cargo a disposición del partido".
